El 18 de octubre de 2018 el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta Constructora firmaron el acuerdo para regularizar las obras del templo. Qué paga la Junta, qué falta por aprobar y qué enseña sobre licencias de obras.
El jueves 18 de octubre de 2018, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Família, firmaron un acuerdo para regularizar las obras de la basílica y para que esta contribuya a pagar los costes que genera en su entorno. El propio Ayuntamiento recuerda que el asunto viene de lejos: en 1885 se pidió una licencia al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals, y la situación no se había regularizado desde entonces.
Los 36 millones
La Junta aportará 36 millones de euros en diez años para urbanización, movilidad, transporte público y mantenimiento del espacio público del entorno. Según el Ayuntamiento, 22 millones van al transporte público (2,2 millones al año, calculados sobre los cerca de 4,5 millones de visitantes anuales del templo); 7 millones, a la accesibilidad del metro, para que una comisión conjunta estudie un acceso directo al templo, una nueva entrada exterior o mejoras en los accesos de la estación de Sagrada Família y se reduzcan las aglomeraciones; 4 millones, a reurbanizar las calles Marina, Provença, Sardenya y Mallorca, con proyectos que se definirán en un proceso participativo con los vecinos; y 3 millones (300.000 euros al año), a limpieza, vigilancia y agentes cívicos.
El acuerdo fija otras condiciones. El templo mantendrá su actual ratio de visitantes hasta que terminen las obras, previstas en 2026, y el aforo máximo posterior se estudiará en la comisión de seguimiento. Los usos principales serán el religioso y el cultural; el comercial se limita a una pequeña tienda de productos del templo, con acceso solo desde el interior.
Qué falta: la licencia
El acuerdo no concede la licencia: abre el camino. El Ayuntamiento tramitará una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) y la Junta ha presentado un plan especial urbanístico integral (PEUI) que recoge las particularidades del edificio, que el Ayuntamiento también debe tramitar y aprobar. Solo cuando ambos instrumentos estén aprobados podrá la Sagrada Família obtener las licencias de obras y de actividad, y antes de acabar las obras y de ejercer su actividad deberá abonar las cantidades que le correspondan. El Ayuntamiento no da fechas de aprobación ni de solicitud.
Queda además fuera del acuerdo la continuación del proyecto con la escalinata de acceso a la fachada de la Gloria por la calle de Mallorca. Cuando haya licencias, una comisión de trabajo con la Junta, los vecinos y entidades de la ciudad estudiará soluciones urbanísticas para completar el proyecto original de Gaudí.
Qué enseña sobre las licencias
Una licencia de obras es la autorización municipal que comprueba que una obra se ajusta al planeamiento urbanístico. Si el edificio no encaja en el plan vigente, como ocurre aquí, antes de la licencia hay que modificar o desarrollar el plan, que es lo que se prevé con la MPGM y el PEUI. Empezar obras importantes sin licencia puede exponer, según el caso, a órdenes de paralización y sanciones, y hace más difícil regularizar después.
Para un propietario, una comunidad o una empresa que va a construir o reformar, la práctica aconseja pedir antes la información urbanística al Ayuntamiento, comprobar qué obras necesitan licencia y cuáles solo comunicación previa, conservar la licencia y el certificado final de obra, y tener presente que la licencia lleva asociados tributos municipales. Quien compre un inmueble debería verificar además que las obras anteriores estén legalizadas. Consulte con su asesor cómo aplicarlo a su caso.
Regularizar es posible, pero cuesta más y tarda más que hacerlo bien desde el principio.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
