Cae el puente de Génova

El 14 de agosto de 2018 se derrumbó el puente Morandi de Génova. Murieron 43 personas. Un hecho de esta gravedad exige, ante todo, recuerdo y respeto para las víctimas y sus familias.

El suceso abrió un debate europeo sobre el mantenimiento de las infraestructuras y sobre las concesiones privadas. Las preguntas que planteó siguen siendo pertinentes para quien gestiona activos, públicos o privados: cuánto se invierte en conservar lo que ya existe, quién decide, quién responde y cómo se comprueba que se hace bien. Son cuestiones que, sin perder de vista el dolor del momento, tienen una lectura práctica. Una lectura que ha de hacerse con prudencia y sin ánimo de sacar conclusiones precipitadas sobre cada caso concreto.

Una tragedia humana

Ante todo, el derrumbe fue una tragedia que se cobró 43 vidas y marcó a una ciudad entera. Cualquier reflexión económica debe partir del respeto a las víctimas y a sus familias.

Por eso conviene abordar el tema con sobriedad. Las lecciones que pueden extraerse de un suceso así no deben utilizarse para buscar titulares ni para saldar cuentas, sino para recordar que detrás de cada infraestructura hay personas que la usan cada día confiando en que es segura. Esa confianza es el objetivo último de cualquier política de conservación, y quien tiene responsabilidades sobre un activo no puede darla por sentada. La tentación de relajar la vigilancia cuando todo parece funcionar es natural, y por eso hace falta que las revisiones sean periódicas y obligatorias, no ocasionales.

El debate sobre el mantenimiento

Tras el suceso se abrió en Europa una discusión sobre cómo se conservan las infraestructuras envejecidas y sobre el papel de las concesiones privadas, en las que una empresa explota una obra pública a cambio de ingresos durante años. Cuándo, cuánto y quién debe invertir en mantenimiento fue el centro de la polémica. Más allá de las respuestas concretas, el debate recordó que la seguridad no es un coste accesorio, sino una parte esencial del valor de cualquier infraestructura.

Una concesión es un contrato por el que una empresa construye o gestiona una infraestructura y obtiene ingresos durante un periodo, a cambio de asumir obligaciones, entre ellas la conservación. Su éxito depende de que las condiciones estén bien definidas, de que haya supervisión real y de que los incentivos de las partes apunten en la misma dirección. Cuando alguno de estos elementos falla, el riesgo no siempre se ve hasta que ocurre algo grave. Esta es una de las razones por las que la transparencia sobre el estado de las infraestructuras y sobre los contratos que las rigen interesa a toda la sociedad.

Una lección sobre mantenimiento

En el ámbito empresarial y patrimonial, la enseñanza es general: el mantenimiento preventivo de edificios, instalaciones y equipos cuesta menos que el correctivo, y los seguros y las responsabilidades deben revisarse con rigor. Un inventario de activos críticos y un calendario de inspecciones forman parte de una gestión responsable. Documentar cada inspección y cada reparación crea un historial que facilita la toma de decisiones y demuestra diligencia ante terceros.

Para un propietario de inmuebles, una comunidad de vecinos o una empresa con instalaciones, esto se traduce en acciones sencillas: conocer el estado real de cada elemento, programar revisiones periódicas con técnicos cualificados, dejar constancia de lo que se hace y presupuestar de forma realista las reparaciones futuras. También conviene comprobar con la aseguradora qué riesgos cubre la póliza y quién responde en caso de daños a terceros. Y cuando un activo se encuentra en mal estado, lo prudente es no aplazar la intervención por el coste, porque el riesgo de no actuar puede ser mucho mayor.

Cuidar lo que se tiene es una forma de prevenir los riesgos que no se ven.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.