- El Congreso convalidó el 23 de septiembre el Real Decreto-ley 23/2026 con 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones.
- Ocho comunidades con deuda inferior al 12,4 % del PIB podrán usar superávits pendientes para invertir, hasta unos 4.000 millones.
- Para La Palma, extiende la deducción del IRPF de Ceuta y Melilla a sus residentes y prevé 100 millones para afectados.
El Congreso de los Diputados convalidó el miércoles 23 de septiembre de 2026 el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma y para impulsar la inversión de las comunidades autónomas con superávits pendientes de aplicar. La votación de convalidación registró 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones, y otra posterior acordó tramitarlo como proyecto de ley por urgencia, con 345 votos a favor.
El decreto-ley, publicado en el BOE el 9 de septiembre, combina dos ideas distintas: una medida de reconstrucción tras la erupción volcánica de 2021 y un cambio en las reglas fiscales de las comunidades que permite destinar a inversión superávits que hasta ahora debían ir a reducir deuda. Para empresas y familias importa porque señala dónde puede aumentar la inversión pública y qué ayudas llegan a La Palma.
Superávits para invertir
Las comunidades con deuda pública inferior al 12,4 % de su PIB a finales de 2025 quedan eximidas de destinar los superávits pendientes de ejercicios anteriores a reducir deuda, siempre que los inviertan en 2026, 2027 y 2028. El Gobierno estima que podrían acogerse ocho: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia, con hasta 4.000 millones de euros movilizables. País Vasco y Navarra siguen sujetos a sus conciertos y convenios económicos.
Además, las comunidades que cerraron 2025 con superávit podrán utilizarlo en 2026 y 2027 en inversiones financieramente sostenibles, siempre que no tengan déficit en el año correspondiente y cumplan los plazos legales de pago a proveedores. Para ser elegibles deben tener efectos positivos a largo plazo y cumplir al menos un criterio: beneficio climático, eficiencia energética, evitar costes recurrentes futuros o generar ahorros. La vivienda social y protegida siempre cuenta, y el gasto no computa para la regla de gasto, con control y certificación previos.
Qué cambia para La Palma
El decreto extiende al ejercicio 2026, para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma, la deducción del IRPF por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, que el Gobierno presentó como una reducción del 60 % del impuesto, con efectos desde el 1 de enero de 2026 y ajuste de las retenciones. Canarias podrá destinar 100 millones de su superávit a ayudas a los afectados por la erupción, con prioridad para la compensación de pérdidas agrarias, la reconstrucción de infraestructuras y fincas y el sistema de evacuación de CO2.
Los agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte registrados como afectados podrán solicitar una nueva suspensión de seis meses del pago de sus préstamos, del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027, con plazo de solicitud hasta el 15 de octubre. Los autónomos afectados quedan además protegidos en el cálculo de la prestación por cese de actividad, que excluye las ayudas POSEI.
Lectura para empresas
Para las empresas, la lectura práctica es doble. En las comunidades que puedan acogerse, aumentará el margen para licitar infraestructuras, eficiencia energética y vivienda, lo que abre oportunidades para constructoras, ingenierías y proveedores, y conviene seguir las convocatorias. En La Palma, las ayudas a empresas deberán respetar la normativa europea de ayudas de Estado.
Cataluña no figura entre las ocho comunidades que el Gobierno prevé que puedan acogerse. Y al tramitarse ahora como proyecto de ley, el texto aún puede modificarse con enmiendas. Quien tenga negocios o inversiones en las zonas afectadas debería consultar con su asesor qué ayudas son aplicables y desde cuándo.
La inversión pública se anuncia en decretos, pero se mide en obras terminadas.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
