- El 23 de julio se celebraron elecciones generales: el PP fue el partido más votado, pero ni la derecha ni la izquierda lograron mayoría absoluta.
- La incertidumbre política se prolongó hasta noviembre, con un Gobierno en funciones y presupuestos prorrogados.
- Es razonable mantener la actividad normal y evitar decisiones que dependan de reformas pendientes hasta que haya claridad.
El 23 de julio de 2023 se celebraron elecciones generales. El PP fue el partido más votado, pero ni el bloque de la derecha ni el de la izquierda alcanzaron la mayoría absoluta, lo que abrió meses de negociación. El resultado dejó un escenario inusualmente abierto, con varias combinaciones posibles.
Para el mundo económico, lo relevante de unas elecciones sin mayorías claras no es tanto quién gobierne finalmente como el tiempo que se tarda en saberlo y el efecto de esa espera sobre las decisiones. Mientras no hay un Gobierno con plena capacidad de actuar, determinadas reformas, presupuestos y medidas quedan en suspenso. Aquella noche electoral dejó claro que la formación de Gobierno no sería inmediata, y que los mercados y las empresas tendrían que adaptarse a un periodo de incertidumbre cuya duración nadie podía anticipar con precisión.
El resultado
Sin una mayoría absoluta clara en ningún bloque, formar Gobierno dependía de pactos entre grupos, y eso alargaba la incertidumbre política.
En un sistema parlamentario, la investidura exige reunir apoyos suficientes en el Congreso. Cuando ningún bloque suma por sí solo, entran en juego grupos más pequeños cuyas posiciones pueden decidir el resultado, y los plazos se alargan. Es un proceso legítimo, aunque más lento y menos predecible que cuando una formación dispone de mayoría clara. Cada escenario posible tenía implicaciones distintas para la política económica, de modo que quienes dependían de decisiones públicas, como ayudas, concesiones o contratos con las administraciones, seguían de cerca las negociaciones.
Una incertidumbre prolongada
La incertidumbre política se prolongó hasta noviembre. Durante ese tiempo, el Gobierno estaba en funciones, lo que limita su capacidad de impulsar nuevas normas. Sin un Ejecutivo plenamente operativo, los proyectos de ley no avanzan y las decisiones de política económica quedan en espera.
Un Gobierno en funciones puede gestionar los asuntos ordinarios y garantizar la continuidad de los servicios, pero no está llamado a emprender cambios de fondo. Eso significa que las novedades regulatorias que se esperaban para el segundo semestre tendrían que esperar, con la consiguiente incertidumbre para quienes habían empezado a preparar su adaptación. Los plazos constitucionales marcan el calendario máximo, pero no el ritmo concreto de las negociaciones, que depende de la voluntad de los grupos y de la dificultad de conciliar posiciones. Por eso una previsión exacta es imposible. Para las empresas, la consecuencia es que durante ese tiempo no pueden contar con novedades normativas relevantes, ni con prórrogas de medidas temporales que dependan de un nuevo decreto, lo que obliga a planificar con lo que hay.
Qué quedó en pausa
Mientras tanto, los presupuestos seguían prorrogados y muchas reformas, en suspenso. Un presupuesto prorrogado mantiene las partidas del año anterior, sin las adaptaciones que se hubieran previsto. Para las empresas, eso supone planificar sin saber con certeza qué ayudas, deducciones o cambios fiscales se aplicarían al año siguiente.
Es razonable mantener la actividad con normalidad, evitar decisiones que dependan de reformas pendientes y revisar con el asesor las opciones cuando haya claridad. También ayuda definir de antemano qué indicadores o hechos concretos harían cambiar un plan, de modo que, cuando llegue la información, la decisión se tome con rapidez y con criterio. En la práctica, esto aconseja documentar las hipótesis de planificación, es decir, qué se da por supuesto sobre impuestos, ayudas y regulación, para revisarlas con rapidez cuando el escenario político se aclare. También es un buen momento para reforzar lo que sí depende de la empresa: la eficiencia de costes, la diversificación de clientes y la solidez de la tesorería, que son útiles con independencia de quién gobierne.
La incertidumbre política no desaparece sola, pero se puede gestionar con planes que no dependan de un único escenario.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
