Estados Unidos aprueba la Inflation Reduction Act

El 7 de agosto de 2022 el Senado de Estados Unidos aprobó la Inflation Reduction Act, que la Cámara de Representantes aprobaría el 12 y el presidente firmaría el 16. Incluía grandes incentivos fiscales a la energía limpia y a la fabricación local. Pese a su nombre, la ley no se limitaba a combatir la inflación: era también un paquete de política industrial y energética de gran alcance. Los incentivos anunciados se contaban en cientos de miles de millones, una cifra que explica la atención que despertó fuera de sus fronteras.

Para quien sigue la economía desde Europa, la ley importa por varias razones. Cambia las condiciones en las que las empresas deciden dónde invertir y dónde producir; influye en el coste de la transición energética; y abre un debate sobre cómo debe responder la propia Unión Europea. Entender sus líneas generales ayuda a interpretar las decisiones empresariales y políticas que vendrían después. Su alcance a largo plazo dependerá de cómo se apliquen sus disposiciones y de la respuesta de otras economías.

Qué es esta ley

La Inflation Reduction Act es una ley federal que combina varias medidas, entre ellas incentivos fiscales para la energía limpia y para producir dentro del país. Un incentivo fiscal es una ventaja tributaria que reduce lo que una empresa o un particular pagan si realizan determinada inversión o actividad.

Los incentivos fiscales son una herramienta habitual de la política económica: en lugar de subvencionar directamente, el Estado renuncia a parte de sus ingresos a cambio de que se realice una actividad considerada de interés. Su efecto depende de los requisitos que establezcan, de su duración y de su facilidad de uso. Por eso las condiciones concretas importan tanto como las cifras globales anunciadas. Un incentivo bien diseñado puede acelerar una inversión que, sin él, se habría hecho más tarde o en otro lugar; uno mal diseñado puede distorsionar las decisiones.

Atraer la inversión industrial

La ley atrajo inversiones industriales hacia Estados Unidos y abrió un debate en Europa sobre cómo competir. Cuando una gran economía ofrece ayudas atractivas, las empresas que planifican nuevas plantas o proyectos comparan países, y los Gobiernos de otras zonas se ven presionados para responder.

Esta competencia entre territorios por atraer inversión no es nueva, pero se intensifica cuando las ayudas son amplias y de larga duración. Para las empresas, supone más opciones y más negociación; para los Gobiernos, el reto de no quedarse atrás sin entrar en una espiral de subsidios. Para quien invierte, conviene entender qué ventajas son duraderas y cuáles pueden cambiar con la política. Para las empresas europeas, la cuestión es qué margen tienen para acceder a esos incentivos, qué requisitos se exigen y cómo se compara la oferta con la de su propio entorno.

Qué significa para el sector energético

Para empresas del sector energético, cambió el mapa de dónde invertir. Conviene seguir de cerca los incentivos y requisitos de las distintas jurisdicciones, porque una decisión de inversión a largo plazo depende tanto del coste de producir como de las condiciones legales y fiscales que se apliquen durante años.

Esa dependencia del marco legal implica un riesgo regulatorio: los incentivos pueden modificarse con un cambio de gobierno o de prioridades. Un proyecto que solo es rentable gracias a una ayuda concreta es más vulnerable que uno que se sostiene también sin ella. Evaluar ambos escenarios, con y sin el incentivo, es una práctica prudente en cualquier inversión que dependa de la política pública. Conviene que cualquier decisión de inversión se apoye en un análisis jurídico y fiscal específico, ya que los requisitos y los plazos son determinantes.

Las leyes que reparten incentivos redibujan el mapa industrial más rápido de lo que parece.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.