- El 9 de junio, la Asamblea de El Salvador aprobó una ley que daba a bitcoin curso legal junto al dólar estadounidense.
- Fue el primer país en hacerlo, y el experimento atrajo atención mundial y críticas de organismos como el FMI.
- La regulación de los criptoactivos varía enormemente según el país: antes de operar, conviene saber qué reglas se aplican y dónde.
El 9 de junio de 2021, la Asamblea de El Salvador aprobó una ley que daba a bitcoin curso legal junto al dólar estadounidense, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. Hasta entonces, los criptoactivos se habían movido en una zona gris, tolerados o regulados de forma limitada en la mayoría de los países. Esta decisión llevaba uno de ellos al terreno del dinero oficial por la vía legislativa. Es una decisión que cada Estado puede tomar dentro de sus competencias, con efectos que se limitan, en principio, a su territorio.
La noticia dio la vuelta al mundo por su carácter inédito y generó un debate inmediato. Para unos era una apuesta audaz por la innovación financiera; para otros, una decisión arriesgada que ponía en juego la estabilidad de la economía. Más allá de la opinión que merezca, el episodio es útil para entender hasta qué punto una norma puede cambiar el estatus de un activo y, con ello, las condiciones en que se opera con él. Una ley puede dar seguridad jurídica, pero no puede controlar por sí sola la evolución de su precio.
Qué significa curso legal
Que una moneda tenga curso legal implica que debe aceptarse como medio de pago dentro del país. Con la ley aprobada en junio, bitcoin pasaba a compartir esa condición con el dólar, algo que ningún otro país había hecho antes, y lo hacía por decisión del legislador y no por la evolución espontánea del mercado.
Conviene distinguir entre curso legal y valor estable. Que una moneda se acepte por ley no determina que su precio sea predecible: un medio de pago cuyo valor cambia mucho en poco tiempo plantea problemas a quien cobra, a quien paga y a quien debe llevar la contabilidad. Por eso la volatilidad del precio fue uno de los principales puntos de debate. Si el precio se multiplica o se divide en pocas semanas, fijar precios, salarios o deudas en esa unidad se vuelve complicado.
Atención y críticas
El experimento atrajo atención mundial y críticas de organismos como el FMI. Quienes lo defendían señalaban su potencial para facilitar pagos y transferencias; quienes lo criticaban advertían sobre la volatilidad del precio y los riesgos para la estabilidad financiera. El debate quedó abierto.
Una medida novedosa suele despertar tanto entusiasmo como cautela. Para las empresas y las familias con actividad en el país, o con vínculos con él, el cambio legal implicaba preguntas prácticas: cómo cobrar, cómo registrar las operaciones, qué tratamiento fiscal aplicar y cómo gestionar el riesgo de que el valor del medio de pago oscile entre una operación y otra. Para un negocio con márgenes ajustados, esa variación puede convertirse en pérdida si no se cubre.
Una regulación que cambia según el país
Más allá del titular, recordaba que la regulación de los criptoactivos varía enormemente según el país. Lo que es legal, o incluso obligatorio, en uno puede estar restringido en otro, y también cambian el tratamiento fiscal y las obligaciones de información. Quien opere en distintos países debe conocer el marco de cada uno. Los cambios normativos pueden ser rápidos y no siempre se comunican con claridad fuera del país.
En la práctica, conviene preguntarse, antes de operar, en qué jurisdicción se lleva a cabo la actividad, qué normas son aplicables a cada parte de la operación y qué obligaciones fiscales se derivan. Un asesor con experiencia en la materia puede ayudar a ordenar estas preguntas y a evitar errores que, de otro modo, se descubren demasiado tarde.
Antes de operar, conviene saber qué reglas se aplican y dónde.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
