Estados Unidos aprueba su gran rescate

El 27 de marzo de 2020 se firmó en Estados Unidos la ley CARES, el mayor paquete de estímulo de su historia hasta entonces, con más de dos billones de dólares movilizados. Incluía ayudas directas a las familias, préstamos a las empresas y apoyo a los sectores más afectados por la parada de la actividad. La cifra superaba cualquier precedente y obligaba a replantearse qué era posible en política económica.

Aunque se aprobó en Washington, el alcance de la medida iba mucho más allá de Estados Unidos. Su dimensión marcaba el tono de la respuesta económica global y lo que podían esperar otros países: Gobiernos dispuestos a gastar a gran escala para evitar que una crisis sanitaria se convirtiera en una crisis financiera y de empleo prolongada.

Qué incluía la ley

La ley CARES combinaba tres tipos de apoyo: pagos directos a los hogares para sostener el consumo, préstamos a empresas para evitar que la falta de liquidez las llevara a la quiebra y ayudas a los sectores más golpeados. Cada una responde a un problema distinto: la demanda que se hunde, la tesorería que se agota y las industrias que, por su naturaleza, no pueden operar con normalidad. Distinguir entre los tres ayuda a entender por qué un mismo paquete puede ser decisivo para una empresa e irrelevante para otra.

Un estímulo fiscal es gasto público extraordinario destinado a frenar una caída de la actividad. A diferencia de la política monetaria, que actúa sobre el precio del dinero, la política fiscal pone dinero directamente en manos de hogares y empresas. Su efecto es más rápido y más visible, pero también compromete las cuentas del Estado durante años. Esa es la razón por la que los estímulos de esta escala suelen debatirse tanto: aportan alivio inmediato y generan obligaciones futuras.

Política fiscal y monetaria a la vez

La respuesta fiscal masiva, junto a la de los bancos centrales, cambió el guion de la crisis. Cuando Gobiernos y bancos centrales actúan a la vez, el efecto es mayor que cuando lo hace uno solo: el primero entrega dinero y el segundo mantiene barato el crédito. Se evitaron así muchas quiebras en el corto plazo.

Para las empresas y las familias, esa combinación significó un colchón que amortiguó la caída de ingresos mientras duraba la parada. Pero un colchón no es una solución definitiva: sostiene la economía mientras se restablece la actividad, y su utilidad depende de que esta se recupere. Las ayudas ganan tiempo, y la tarea de cada empresa es usarlo para adaptarse. Quien utilice ese tiempo para revisar su modelo de negocio, sus costes y su dependencia de un solo cliente o canal estará mejor situado cuando las ayudas se retiren.

La factura que llega después

Ese dinero no sale de la nada: se financia con deuda pública, y una economía con mucho dinero circulando y oferta limitada tiende a subir precios. Eran dos consecuencias previsibles, aunque no inmediatas: más deuda pública e inflación más adelante. Las dos marcarían 2022. Que una consecuencia llegue tarde no significa que no vaya a llegar, y las decisiones de hoy sobre financiación, precios y ahorro deben tenerla en cuenta.

Para quien gestiona un negocio o un patrimonio, la lección práctica es mirar más allá del alivio inmediato. Un entorno de mucha deuda pública y de precios al alza afecta al coste de financiarse, a los contratos con precios fijos y al poder adquisitivo de los ahorros. Conviene revisar con calma, y con el asesor, cómo estar preparado para cada escenario. En particular, conviene preguntarse qué ocurriría con la empresa o el patrimonio si los tipos de interés subieran o si los precios de los suministros aumentaran de forma sostenida.

Las grandes medidas de rescate resuelven un problema hoy y plantean otros mañana.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.