El 23 de abril de 2024 el Parlamento Europeo aprobó por 584 votos a favor la directiva que obliga a reparar productos como lavadoras, aspiradoras o móviles incluso tras la garantía. Qué cambia para fabricantes, vendedores y consumidores.
El Parlamento Europeo aprobó el 23 de abril de 2024 en su pleno la directiva sobre normas comunes para fomentar la reparación de bienes, conocida como directiva del derecho a reparar, por 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones. El texto resultaba del acuerdo provisional alcanzado con el Consejo el 2 de febrero, y su objetivo, según el Parlamento, es reducir los residuos y reforzar el sector de la reparación. Para que entre en vigor falta que el Consejo la apruebe formalmente y que se publique en el Diario Oficial de la UE; después, los Estados miembros tendrán 24 meses para incorporarla a su derecho nacional.
Qué cambia para los fabricantes
La directiva obliga al fabricante a reparar, gratis o a un precio razonable y en un plazo razonable, los productos para los que el derecho de la UE ya fija requisitos de reparabilidad, aunque haya vencido la garantía legal. Esos requisitos están en los reglamentos de diseño ecológico y en el reglamento de baterías, y entre los productos incluidos figuran lavadoras, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas, servidores y teléfonos móviles. La Comisión podrá ampliar la lista. Si el fabricante está fuera de la UE, la obligación recae en su representante autorizado y, si no lo hay, en el importador o el distribuidor.
El fabricante debe informar de los derechos de reparación y suministrar piezas y herramientas a un precio razonable, publicando la información sobre ellas. No podrá negarse a reparar solo por motivos económicos ni porque otro haya reparado antes el producto, y tampoco podrá impedir que los reparadores independientes usen piezas de segunda mano o impresas en 3D. Quedan prohibidas las cláusulas contractuales y las técnicas de hardware o software que obstaculicen la reparación. La directiva contempla también que se ofrezca un aparato de sustitución durante la reparación o, si el producto no se puede arreglar, uno reacondicionado.
Qué cambia para vendedores y consumidores
Cuando un producto falla dentro de la garantía legal y el consumidor opta por la reparación, el vendedor debe ampliar esa garantía al menos 12 meses. La reparabilidad pasa además a ser un factor para valorar qué puede esperar razonablemente el consumidor de un producto. Los reparadores deberán dar información clara y gratuita sobre sus servicios y sus precios; para ello se crea un formulario europeo de información sobre reparaciones, de uso opcional, que recoge el producto, el defecto, el precio cuando pueda calcularse de antemano y el plazo estimado.
La Comisión creará una plataforma europea en línea de reparación, con secciones nacionales, para que los consumidores encuentren reparadores, vendedores de productos reacondicionados y compradores de bienes defectuosos. Cada Estado miembro deberá adoptar al menos una medida que fomente la reparación, como bonos o fondos de reparación.
Qué conviene revisar
Algunas organizaciones, como iFixit, consideraron limitado el alcance de la directiva, porque no incluye muchos productos de vida corta. Aun así, para los fabricantes e importadores de aparatos de consumo, los distribuidores y los talleres, hay puntos que conviene revisar: qué productos de su catálogo están incluidos en los reglamentos de reparabilidad, qué piezas y herramientas pueden ofrecerse a un precio razonable, si sus contratos o sus programas impiden usar piezas de terceros y quién responde cuando el fabricante está fuera de la UE.
Aún falta que el Consejo apruebe el texto y que cada Estado miembro lo incorpore. Hasta entonces la norma no se aplica, y los detalles dependerán de cómo la transponga España. Consulte con su asesor legal cómo puede afectar a su negocio.
El derecho a reparar convierte la reparación en una obligación del fabricante, no solo en una opción del consumidor.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
