- El 21 de noviembre Binance aceptó pagar más de 4.000 millones de dólares para cerrar las investigaciones de las autoridades estadounidenses.
- Su fundador dejó el cargo de consejero delegado: se cerraba uno de los frentes legales más delicados de la compañía.
- El sector entra en una etapa de cumplimiento normativo obligatorio: conviene saber con quién se opera, bajo qué regulación y con qué controles.
El 21 de noviembre de 2023 Binance aceptó pagar más de 4.000 millones de dólares para cerrar las investigaciones de las autoridades estadounidenses, y su fundador dejó el cargo de consejero delegado. Era un acuerdo de gran calado para el sector de los criptoactivos.
La cifra y el cambio en la dirección de la compañía reflejaban la magnitud del asunto. Para el conjunto del sector, el acuerdo enviaba un mensaje claro: las plataformas que operan con criptoactivos no están al margen de las normas que se exigen a otros intermediarios financieros, y las consecuencias de incumplirlas pueden ser muy elevadas. El acuerdo se interpretó también como un cambio de etapa: el sector ya no podía apoyarse en la ambigüedad regulatoria, y las plataformas con vocación de permanencia debían adaptarse a las exigencias de los supervisores de los mercados en los que operan.
El acuerdo con las autoridades
El pago acordado, de más de 4.000 millones de dólares, y la salida del fundador del cargo de consejero delegado cerraban, para la compañía, uno de los frentes legales más delicados de su historia.
Un acuerdo de este tipo suele incluir el pago de una sanción y el compromiso de la empresa de adoptar medidas para cumplir con la normativa. No siempre supone reconocer todos los hechos que inicialmente se habían imputado, pero sí aceptar unas condiciones y una supervisión, y evitar la incertidumbre de un largo proceso judicial. Aunque el acuerdo se produjo en Estados Unidos, sus efectos alcanzan a una industria global, porque muchas plataformas atienden a clientes de múltiples países y deben cumplir simultáneamente normas de distintas jurisdicciones.
Una etapa de cumplimiento obligatorio
El sector entraba en una etapa de cumplimiento normativo obligatorio. Las plataformas de criptoactivos deberían adaptarse a las normas sobre prevención del blanqueo de capitales, sanciones y supervisión que ya aplican otros intermediarios financieros. Un acuerdo de esta magnitud muestra que las consecuencias de incumplir pueden ser muy elevadas.
Prevenir el blanqueo implica conocer a los clientes, vigilar las operaciones y comunicar las que resulten sospechosas. Las normas sobre sanciones obligan a no operar con personas o países incluidos en listas restringidas. Son obligaciones exigentes, que requieren procedimientos, personal formado y sistemas adecuados, y que antes algunas plataformas no aplicaban con el mismo rigor que la banca tradicional. El cumplimiento tiene un coste, que las plataformas acabarán trasladando de alguna forma a los usuarios, en comisiones, en requisitos de verificación o en restricciones de determinados servicios. Es parte de la maduración de cualquier sector financiero. Para los usuarios, la verificación de identidad y el seguimiento de las operaciones pueden resultar molestos, pero son la contrapartida de operar en un entorno que se ajusta a las normas contra el blanqueo y la financiación ilícita.
Quién sale favorecido
A largo plazo, eso favorece a quien opera con transparencia y con estructuras bien documentadas. Para empresas y particulares que utilicen estas plataformas, conviene comprobar con quién operan, en qué jurisdicción está regulada y qué controles aplica.
La documentación bien llevada de las operaciones, y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, también protege al usuario. Conservar los justificantes de cada operación, conocer cómo tributan y, si es necesario, consultar con un asesor especializado, ayuda a evitar problemas posteriores. Esto no supone ninguna recomendación sobre comprar o vender, sino un recordatorio de orden y diligencia. Las empresas que aceptan o gestionan criptoactivos como parte de su actividad deberían revisar también sus propias obligaciones: de registro, de identificación de clientes y de comunicación de operaciones, según la jurisdicción y el tipo de actividad. En un sector donde la regulación evoluciona con rapidez, el asesoramiento jurídico y fiscal especializado deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta básica para operar con seguridad y evitar sorpresas desagradables.
Cuanto más regulado está un sector, más importa elegir bien a quién se confía cada operación.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
