La Ley de Servicios Digitales ya se aplica

El 25 de agosto de 2023 empezó a aplicarse la parte más exigente de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), el reglamento europeo que regula las plataformas y los servicios intermediarios en internet. Afecta, por ahora, a las plataformas y a los motores de búsqueda de muy gran tamaño, es decir, los que tienen al menos 45 millones de usuarios activos al mes en la UE. En abril, la Comisión Europea designó a 17 plataformas y a dos buscadores en esa categoría.

Aunque la norma suele asociarse a las redes sociales, su alcance es mayor: incluye tiendas en línea, servicios de alojamiento, plataformas de contenidos y buscadores. Para empresas y familias tiene efectos prácticos: afecta a cómo se moderan los contenidos, a cómo se muestran los anuncios, a qué información reciben los usuarios sobre por qué ven lo que ven y a cómo se reclama cuando un servicio retira una cuenta o un producto. Para el usuario medio, el cambio será gradual y poco visible, pero con el tiempo debería traducirse en más información y en vías de queja más claras.

Qué deben hacer las grandes plataformas

Las plataformas designadas deben analizar cada año los riesgos sistémicos que generan —por ejemplo, la difusión de contenidos ilegales, los efectos sobre derechos fundamentales, el debate público o la protección de los menores— y adoptar medidas para mitigarlos. Esos análisis y medidas se someten a auditorías independientes, al menos una vez al año, y a la supervisión directa de la Comisión Europea. La Comisión puede pedir información, realizar inspecciones e imponer multas si detecta incumplimientos.

También tienen nuevas obligaciones de transparencia: deben explicar los principales parámetros de sus sistemas de recomendación y ofrecer al menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles. Quedan prohibidos los anuncios dirigidos a menores basados en perfiles y los que utilizan datos sensibles, como el origen étnico o las opiniones políticas, para segmentar al público.

Lo que llega en 2024

El resto de las normas se aplicará a todos los servicios intermediarios a partir del 17 de febrero de 2024. Eso incluye a las plataformas y mercados en línea de menor tamaño, que tendrán que contar con mecanismos para notificar contenidos ilegales, informar a los usuarios de las decisiones de moderación y ofrecer vías de reclamación. Las microempresas y las pequeñas empresas disfrutan de algunas exenciones.

Los mercados en línea tendrán, además, el deber de recabar y comprobar información sobre los comerciantes que venden a través de ellos, para reforzar la trazabilidad y reducir la venta de productos ilegales o peligrosos. Cada Estado miembro designará un coordinador de servicios digitales que supervisará a las empresas establecidas en su territorio.

Qué conviene revisar

Una empresa que vende a través de grandes plataformas o mercados en línea debería revisar sus condiciones de uso y los procedimientos de reclamación: la norma refuerza el derecho a conocer el motivo de una restricción o de la retirada de un producto y a recurrirla. Las empresas que anuncian en esas plataformas deben tener presente que las opciones de segmentación del público se están limitando.

Si la compañía ofrece alojamiento, un mercado en línea o una plataforma propia, conviene analizar desde ahora si entra en el ámbito de la norma y, de ser así, preparar los procesos de notificación y retirada de contenidos antes de febrero de 2024. Las sanciones pueden alcanzar hasta el 6 % de la facturación mundial anual en el caso de las grandes plataformas. Para casos concretos, consulte con su asesor.

Internet sigue siendo global, pero sus reglas en Europa se vuelven cada vez más concretas.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.