España preside la Unión Europea

El 1 de julio de 2023 España asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea durante seis meses, con prioridades como la reforma del mercado eléctrico, las reglas fiscales y la reindustrialización. Durante ese semestre, el país tendría un papel destacado en la marcha de la agenda europea.

Aunque se trata de un cargo de carácter institucional, y no de poder personal sobre las decisiones, la presidencia ofrece capacidad para ordenar la agenda y facilitar acuerdos. Para las empresas españolas y para las que operan en España, conocer qué temas se impulsan desde esa posición es una forma de anticipar el entorno regulatorio de los meses siguientes. Para una economía como la española, tan integrada en el mercado único, que el país presida el Consejo supone una ocasión para que sus prioridades tengan más visibilidad, aunque las decisiones finales se tomen siempre por acuerdo entre los Estados.

Qué significa presidir el Consejo

La presidencia rotatoria dura seis meses. Cada país que la ejerce dirige las reuniones del Consejo, impulsa la agenda de trabajo y media entre los Estados miembros para alcanzar acuerdos sobre la legislación europea.

El Consejo es la institución donde los gobiernos de los Estados miembros negocian y aprueban normas junto al Parlamento Europeo. Quien preside no impone sus posiciones, sino que actúa como árbitro y organizador, buscando puntos de encuentro. Su influencia reside, sobre todo, en decidir qué asuntos se tratan primero y con qué ritmo. La presidencia rota cada semestre entre los Estados miembros, de modo que ningún país la ejerce de forma permanente. Esa rotación obliga a cada equipo a recoger el trabajo del anterior y a preparar el relevo para el siguiente.

Las prioridades

La reforma del mercado eléctrico era la primera de esas prioridades. Tres cuestiones con efectos directos sobre las empresas: el precio de la energía, el margen de gasto y endeudamiento de los Estados y las condiciones en las que se fomenta la industria europea.

Cada una de ellas se traduce en decisiones concretas. La forma de fijar los precios de la electricidad influye en los costes de producción; las reglas fiscales condicionan los impuestos y las ayudas públicas; y la política industrial determina qué sectores reciben apoyo y bajo qué condiciones. Por eso los resultados de la presidencia interesan más allá del ámbito político. La reforma del mercado eléctrico, en particular, interesa a cualquier empresa con un consumo relevante de electricidad, porque la forma de fijar los precios determina cuánto pesan en la factura las oscilaciones de otras fuentes de energía. Las reglas fiscales y la reindustrialización, por su parte, afectan a la disponibilidad de ayudas, a la política de contratación pública y al clima general de inversión, factores que cualquier plan empresarial a medio plazo debe tener en cuenta.

Por qué conviene seguirlo

Algunas de las normas cerradas durante la presidencia española, como las reglas fiscales o la ley de inteligencia artificial, marcarían el entorno regulatorio de los años siguientes. La normativa europea llega después a las empresas españolas como obligaciones concretas, con plazos de adaptación.

Las empresas con actividad internacional o con tecnología conviene que sigan estos trabajos con antelación, para no tener que adaptarse a toda prisa cuando la norma ya sea de aplicación. Una forma sencilla de hacerlo es designar a una persona que haga seguimiento de las novedades relevantes y consultar con el asesor jurídico cuando alguna afecte al negocio. Un seguimiento básico consiste en consultar periódicamente los resúmenes que publican las asociaciones sectoriales y las cámaras de comercio, que suelen traducir los textos europeos a consecuencias prácticas para cada actividad.

Lo que se decide en Bruselas suele llegar al día a día de las empresas con retraso, pero llega.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.