Acuerdo sobre el techo de deuda

Tras el acuerdo alcanzado el fin de semana anterior, el Congreso de Estados Unidos aprobó a principios de junio de 2023 la ley que suspendía el techo de deuda, firmada por el presidente el 3 de junio. Se cerraba así un episodio de varias semanas de tensión en torno a la capacidad del país para hacer frente a sus pagos.

El desenlace fue recibido con alivio por los mercados, que durante semanas habían seguido las negociaciones con cierta inquietud. Aun así, conviene mirar el episodio con perspectiva: una crisis evitada en el último momento no equivale a un problema resuelto, y deja lecciones útiles para quien gestiona un patrimonio o una empresa. Para los mercados europeos, el acuerdo supuso un alivio por un doble motivo: eliminaba una fuente de volatilidad y reducía la probabilidad de que una turbulencia en Estados Unidos se transmitiera a la financiación en euros.

Cómo se resolvió

Tras semanas de negociación, la firma del presidente el 3 de junio despejó el riesgo de impago que había preocupado a los mercados.

Suspender el techo significa que el límite legal de endeudamiento deja de aplicarse durante un periodo, de modo que el Tesoro puede seguir pidiendo prestado para pagar lo ya comprometido. Es una solución habitual en este tipo de situaciones, que permite ganar tiempo sin entrar en el fondo del asunto. El Tesoro necesita emitir nueva deuda con regularidad para refinanciar los vencimientos y cubrir el déficit, de modo que la suspensión del techo despeja ese camino y evita que se produzcan retrasos en pagos a proveedores, a empleados públicos o a tenedores de bonos.

Suspender no es resolver

El riesgo se disipó, pero la deuda pública estadounidense seguía creciendo. Suspender el techo permite seguir pagando las obligaciones, pero no aborda el volumen de deuda ni el déficit que lo origina. Es decir, se resuelve la urgencia inmediata, no la causa de fondo.

El desenlace fue el esperado por muchos, pero ello no quitaba que el procedimiento se hubiera repetido con tensión innecesaria. Cada ocasión en que se llega al límite sin un acuerdo previo erosiona un poco la confianza en la gestión fiscal del país, y los inversores toman nota de ello, aunque al final todo acabe bien. La persistencia de déficits elevados es un tema estructural, que no se resuelve con un acuerdo puntual. Mientras no se aborde, el debate volverá a surgir cada vez que se acerque un límite, con su correspondiente carga de incertidumbre.

Lo que vino después

Ese mismo verano tendría consecuencias en su calificación crediticia. Las agencias de calificación valoran no solo la capacidad de pago, sino la solidez de las instituciones y de la gestión fiscal. Un proceso político tenso y repetido forma parte de lo que observan al evaluar a un emisor.

Para quien invierte, el episodio es un recordatorio de que incluso la deuda considerada de mayor calidad está sujeta a riesgos políticos. No significa que deba evitarse, sino que ningún activo está libre de incertidumbre, y que la diversificación entre emisores, plazos y monedas sigue siendo una forma prudente de no depender de un único resultado. Conviene hablarlo con el asesor. Las agencias de calificación realizan sus evaluaciones con criterios propios y con calendarios que no coinciden con los de la política, de modo que una decisión como la que llegó ese verano puede producirse aunque el conflicto concreto ya se haya resuelto. Para el inversor prudente, la conclusión es no confundir un desenlace favorable con la desaparición del riesgo, y mantener una estructura de cartera que no dependa de que cada episodio político salga bien en el último momento.

Una crisis evitada a tiempo deja menos titulares, pero conviene recordar lo cerca que estuvo.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.