- El reglamento fija obligaciones escalonadas según el tipo y el tamaño del intermediario, desde el alojamiento hasta las grandes plataformas.
- Prohíbe los diseños engañosos y la publicidad dirigida a menores, y obliga a explicar cómo se modera el contenido.
- Se aplica de forma general desde febrero de 2024; las plataformas muy grandes, antes.
El 16 de noviembre de 2022 entró en vigor el Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales, conocido como DSA por sus siglas inglesas, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de octubre. Moderniza la Directiva de comercio electrónico del año 2000 y establece reglas comunes para los servicios intermediarios: proveedores de acceso, alojamiento, plataformas en línea, mercados digitales y motores de búsqueda.
Al ser un reglamento, se aplica directamente en todos los Estados miembros, sin necesidad de trasposición. La mayoría de sus obligaciones serán exigibles desde el 17 de febrero de 2024, pero las plataformas y buscadores de muy gran tamaño, los que superan 45 millones de usuarios mensuales en la UE, deberán cumplirlas cuatro meses después de que la Comisión los designe. Afecta a cualquier empresa que venda, anuncie o aloje contenido en línea.
Reglas según el tamaño
El reglamento organiza las obligaciones en capas. Todos los intermediarios deben designar un punto de contacto y explicar en sus condiciones cómo moderan el contenido. Los servicios de alojamiento deben ofrecer un mecanismo de notificación de contenidos ilegales y motivar sus decisiones. Las plataformas en línea añaden otros deberes: sistemas internos de reclamación, cooperación con «alertadores fiables» y medidas contra el uso abusivo. Las condiciones de uso deben ser claras y comprensibles, y se mantiene el principio de que el intermediario no responde de lo que ignora, siempre que actúe con diligencia cuando conoce que algo es ilegal.
Las microempresas y las pequeñas empresas quedan exentas de varias de las obligaciones adicionales de las plataformas, para no cargarlas con costes desproporcionados. Las plataformas y buscadores de muy gran tamaño asumen las obligaciones más pesadas: evaluar y mitigar riesgos sistémicos, someterse a auditorías independientes y dar acceso a datos a investigadores. La supervisión corresponde a la Comisión Europea en ese caso y, en el resto, a coordinadores nacionales de servicios digitales.
Empresas y usuarios
Los mercados en línea deberán recabar y verificar información básica sobre los comerciantes que operan en ellos, como su identidad y sus datos de contacto, para dificultar la venta de productos ilegales. Los usuarios podrán recurrir las retiradas de contenido y, en caso de disputa, acudir a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Los vendedores profesionales que usen estos mercados deberán, además, facilitar sus datos y comprometerse a cumplir las normas de seguridad de los productos.
En publicidad, el reglamento prohíbe los anuncios dirigidos a menores basados en perfiles y los dirigidos con datos sensibles, y prohíbe los diseños engañosos, los llamados patrones oscuros, que empujan al usuario a decidir en contra de su interés. Las plataformas deberán informar de por qué se muestra un anuncio y de quién lo paga.
Sanciones y qué revisar
Los incumplimientos pueden sancionarse con multas de hasta el 6 % del volumen de negocio mundial anual del prestador, y de hasta el 1 % en caso de información incorrecta, incompleta o engañosa; cada Estado fija el régimen concreto dentro de esos límites. La supervisión coordinada busca evitar que las reglas se apliquen de forma muy distinta de un país a otro.
Las empresas con un portal de comercio electrónico, un foro, un servicio de alojamiento o publicidad en línea deberían identificar si son intermediarios a efectos del reglamento, qué obligaciones les corresponden y revisar sus condiciones de uso, sus procedimientos de retirada de contenidos y su política de datos. Quien venda en mercados en línea debe estar preparado para acreditar su identidad. Conviene designar quién en la empresa gestiona la relación con las autoridades y los usuarios, y documentar cómo se decide una retirada de contenido, para poder explicarla si se recurre. Es información general.
Internet deja de ser un terreno con pocas reglas comunes y pasa a tener un marco europeo para quienes operan en él.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
