- El 2 de diciembre la Unión Europea acordó, junto al G7, un precio máximo de 60 dólares por barril para el petróleo ruso transportado por mar.
- Entró en vigor el 5 de diciembre, junto al embargo europeo: no prohíbe las compras, pero limita lo que Rusia puede cobrar.
- Las empresas expuestas al sector energético o al transporte marítimo deben vigilar las sanciones y comprobar que contratos y pólizas cumplen las normas.
El 2 de diciembre de 2022 la Unión Europea acordó, junto con el G7, un precio máximo de 60 dólares por barril para el petróleo ruso transportado por mar. El tope entró en vigor el 5 de diciembre, junto con el embargo europeo. Era un nuevo capítulo en la respuesta occidental a la invasión de Ucrania, y una de las medidas más originales del conjunto de sanciones. Para el ciudadano, el efecto inmediato es indirecto: se refleja en los precios del petróleo y de los combustibles, no en una decisión que le afecte directamente.
A diferencia de otras sanciones, que prohíben operaciones, el tope de precio funciona de manera indirecta: condiciona el acceso a servicios occidentales, como el transporte marítimo o los seguros, a que el petróleo se compre por debajo de un determinado precio. La idea es limitar los ingresos de Rusia sin retirar su crudo del mercado. Para las empresas del sector, es un ejemplo de cómo la regulación puede condicionar los contratos de forma muy concreta. Es una forma de aprovechar el peso de los servicios occidentales en el comercio marítimo, que es significativo.
Cómo funciona un tope de precio
Un tope de precio establece un máximo al que se puede comprar un producto, en este caso el petróleo ruso transportado por mar, para quienes quieran servirse de determinados servicios occidentales. No prohíbe las compras, pero limita lo que Rusia puede cobrar.
Para que funcione, quienes prestan los servicios, como aseguradoras o navieras, deben comprobar que el precio pagado no supera el máximo. Eso exige documentación y controles adicionales. Para las empresas que participan en la cadena de transporte o de seguros, supone nuevas obligaciones de verificación y de conservación de documentos que conviene conocer bien. Los intermediarios que participan en el comercio de crudo deben conocer las reglas de cada jurisdicción, que pueden variar y actualizarse con el tiempo.
El equilibrio buscado
La medida buscaba reducir los ingresos de Rusia sin disparar el precio mundial. Prohibir de golpe todas las ventas de petróleo ruso podría haber provocado una subida del precio global, con efectos sobre la inflación en todo el mundo; limitar el precio buscaba un equilibrio entre presión y estabilidad.
Ese equilibrio es difícil de lograr y sus efectos reales son complejos de medir. Si el tope es demasiado bajo, puede llevar a Rusia a vender por otras vías; si es demasiado alto, no limita sus ingresos. Los mercados siguieron con atención el diseño y la aplicación, porque de ellos dependía en parte el precio del crudo en los meses siguientes. Para las empresas, la incertidumbre sobre la efectividad aconsejaba prudencia en los presupuestos. No era posible saber de antemano cuánto cambiaría el flujo comercial, de modo que la incertidumbre se mantenía como un factor importante.
La energía como instrumento geopolítico
La energía se había convertido en un instrumento geopolítico de primer orden. Para las empresas con operaciones, proveedores o clientes expuestos al sector energético o al transporte marítimo, conviene vigilar la evolución de las sanciones y comprobar que los contratos y las pólizas cumplen con las normas aplicables.
En la práctica, eso supone revisar las cláusulas de sanciones en los contratos, comprobar que las pólizas de seguro no excluyen las operaciones afectadas y mantener un canal de consulta con asesores especializados. Las normas de sanciones cambian con frecuencia y su interpretación puede ser compleja. Anticiparse y documentar los controles realizados es la mejor protección ante posibles reclamaciones o inspecciones. Además de revisar contratos, conviene designar a una persona responsable de seguir los cambios normativos y de informar a la dirección cuando afecten al negocio.
En un mercado con sanciones, la normativa también forma parte del precio.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
