- La ley reserva unos 52.700 millones de dólares para fabricar e investigar semiconductores en Estados Unidos.
- Añade un crédito fiscal del 25 % para fábricas y una limitación de diez años para ampliar chips avanzados en China.
- Para Europa y para las empresas que dependen de componentes, es una señal de competencia entre bloques por la cadena de suministro.
El 9 de agosto de 2022 el presidente Joe Biden firmó la CHIPS and Science Act, una ley que destina unos 52.700 millones de dólares a la industria de semiconductores de Estados Unidos. Unos 39.000 millones se dedican a incentivos para la fabricación y 13.200 a investigación y formación de personal, dentro de un paquete científico más amplio.
Los chips están en casi todo lo que se fabrica, desde un coche hasta una lavadora, y la escasez de 2021 y 2022 mostró hasta qué punto una cadena de suministro concentrada en pocos países es una vulnerabilidad. La ley es la respuesta de Washington, y plantea qué harán Europa y el resto del mundo. Estados Unidos concentra buena parte del diseño de chips, pero la fabricación de los más avanzados está en Asia, sobre todo en Taiwán y Corea del Sur.
Incentivos y condiciones
Además de las subvenciones, la ley crea un crédito fiscal del 25 % sobre los gastos de capital en instalaciones de fabricación de semiconductores y de sus equipos, para inversiones cuya construcción empiece como tarde el 31 de diciembre de 2026. Reduce directamente el impuesto de quien invierte y compite con los incentivos que ofrecen otros países. Se combinan así dos herramientas distintas: la ayuda directa, que se solicita y se concede proyecto a proyecto, y el incentivo fiscal, que se aplica a las inversiones que cumplan los requisitos.
Las ayudas llevan condiciones. Quienes las reciban no podrán, durante diez años, ampliar de forma significativa la fabricación de chips avanzados en China ni en otros países considerados de riesgo, con una excepción para los chips de tecnología más antigua. Falta además que el Departamento de Comercio publique las normas para evaluar las solicitudes, de modo que el alcance real se conocerá en los próximos meses.
La respuesta europea
La Comisión Europea propuso en febrero de 2022 su propia Ley de Chips, con el objetivo de movilizar unos 43.000 millones de euros de inversión pública y privada y elevar la cuota europea de la producción mundial hasta el 20 % en 2030. La norma estadounidense aumenta la presión para concretarla y para coordinar las ayudas entre Estados miembros sin romper las reglas de competencia.
Para economías industriales como la española y la catalana, con automoción, electrónica y maquinaria, el interés es doble: asegurar el suministro de componentes y atraer inversión. Las grandes ayudas públicas, como las estadounidenses, también obligan a las empresas europeas a pensar dónde localizar nuevas plantas. En la práctica, fabricantes europeos y asiáticos compararán incentivos antes de decidir dónde construir, un proceso que suele llevar años y exige permisos, energía y personal cualificado.
Qué conviene vigilar
Las empresas industriales y de distribución que dependen de componentes electrónicos deberían revisar cuántos proveedores y orígenes tienen, qué plazos de entrega manejan y cómo repercuten en sus contratos los retrasos o los cambios de precio. Diversificar tiene un coste, pero la experiencia reciente muestra el de no hacerlo. Conviene valorar también el nivel de inventario de componentes críticos y las cláusulas de revisión de precios, que reparten entre cliente y proveedor el riesgo de una escasez.
Quien opere con tecnología sujeta a controles de exportación, o tenga clientes y socios en varios bloques, debe seguir con atención la evolución normativa, porque las restricciones cruzadas pueden afectar a contratos y licencias. Las cláusulas de cumplimiento de normas de exportación en los contratos con proveedores y clientes merecen una revisión específica. Es información general: su asesor puede valorar cómo le afecta cada medida.
La política industrial vuelve a ser una variable más en la planificación de cualquier empresa que fabrique, compre o venda tecnología.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
