- Cada comunidad deberá aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción que cubran todo su territorio y todo el año.
- Con riesgo muy alto o extremo se activan prohibiciones mínimas: fuego, quemas, maquinaria con chispas o pirotecnia.
- El Estado ofrece colaboración en la restauración de zonas quemadas, con requisitos de superficie y cofinanciación autonómica.
El 2 de agosto de 2022 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. Entró en vigor al día siguiente y reforma la Ley de Montes en tres frentes: la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos afectados. El Gobierno lo aprobó en plena oleada de incendios del verano.
El propio texto lo justifica con datos: hasta el 24 de julio se habían producido 31 grandes incendios, de más de quinientas hectáreas, y se habían quemado 135.147 hectáreas, la mayor superficie desde 2012. Afecta sobre todo a las administraciones, pero también a propietarios de montes, empresas agrarias, forestales y turísticas, y a quienes operan en suelo rural.
Planes durante todo el año
Hasta ahora los planes de defensa se centraban en las zonas de alto riesgo. La nueva redacción del artículo 48 obliga a cada comunidad a aprobar planes anuales que abarquen la totalidad de su territorio, se apliquen de forma continua y se publiquen antes del 31 de octubre del año anterior. Deben concretar los medios técnicos y profesionales, las épocas de mayor riesgo y los trabajos preventivos que corresponden a los propietarios, como tratamientos selvícolas, cortafuegos, accesos y puntos de agua.
Las comunidades tienen hasta el 1 de enero de 2023 para adaptar sus servicios. Para el titular de un monte o una finca forestal, la consecuencia práctica es que los planes podrán fijar tareas de limpieza y mantenimiento con plazos, y que las vías de ejecución incluyen convenios, ayudas o la ejecución subsidiaria por la Administración. Conviene seguir la publicación del plan autonómico que corresponda.
Qué se prohíbe con riesgo extremo
Cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevea un riesgo muy alto o extremo en un ámbito territorial, las comunidades deberán aplicar de inmediato, como mínimo, un catálogo de prohibiciones: encender fuego en espacios abiertos y en áreas de descanso, zonas recreativas y de acampada; suspender las autorizaciones de quema de rastrojos, pastos y restos de poda; usar material pirotécnico; y arrojar objetos en combustión.
La medida con más efecto práctico para las empresas es la limitación de la maquinaria y los equipos que generen deflagración, chispas o descargas eléctricas en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor, salvo autorización expresa o necesidad de extinción. Afecta a explotaciones agrarias, trabajos forestales, obras y eventos. Las infracciones son graves y, si el daño al monte tarda más de seis meses en repararse, muy graves, sin perjuicio del Código Penal.
Restauración y apoyo estatal
El decreto-ley añade un artículo 50 bis que permite a las comunidades pedir al Estado colaboración en la restauración forestal y medioambiental. Exige un plan de prevención actualizado, equipos estables y financiación acreditada, y que el incendio supere un umbral de superficie: más de 10.000 hectáreas, más de 5.000 si más del 70 % es arbolado, o más de 500 en espacios de la Red Natura 2000 que afecten a municipios con al menos la mitad de su término en esa red. En las islas los umbrales son menores.
La ministra podrá declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras, que incluyen restauración hidrológico-forestal, retirada y tratamiento de la biomasa quemada o control de plagas. La comunidad cofinanciará el porcentaje que fije la declaración, sin que pueda superar el 50 % del coste. Quien tenga actividad o terrenos en zonas de riesgo debería revisar su seguro, las ayudas autonómicas y los plazos de actuación, y consultar con su asesor qué respaldo existe en cada caso.
La prevención de incendios deja de ser solo cosa del verano y de los bomberos: pasa a ser un asunto de planificación durante todo el año.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
