Presupuestos de 2022

El 13 de octubre de 2021, el Gobierno presentó en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Las cuentas se apoyaban de forma importante en los fondos europeos e incluían una tributación mínima en el impuesto de sociedades, uno de los aspectos más relevantes para las empresas. Era el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que el texto aún podía cambiar. Hasta su aprobación definitiva, cualquier cifra o medida debe tomarse como provisional.

Un presupuesto del Estado suele leerse en clave política, pero para una empresa o una familia es sobre todo un documento práctico. En él se decide cuánto se gasta y en qué, pero también qué se recauda y con qué reglas. Esas reglas determinan deducciones, incentivos y tipos que influyen en decisiones tan cotidianas como invertir, contratar, repartir dividendos o planificar una operación patrimonial. Por eso los asesores fiscales siguen cada año la tramitación con especial atención.

Qué se presentó

El proyecto incluía, por un lado, el plan de gasto del Estado para el año siguiente, con un peso notable de los fondos europeos, que financiaban una parte importante de las inversiones previstas. Por otro, recogía medidas sobre ingresos, entre ellas la tributación mínima en el impuesto de sociedades, un aspecto especialmente relevante para las empresas con deducciones o bases imponibles reducidas. Una tributación mínima limita el efecto de las deducciones y puede elevar el impuesto efectivo de algunas compañías.

Un presupuesto es, además de un plan de gastos, un conjunto de reglas fiscales. Durante la tramitación, los grupos parlamentarios pueden proponer enmiendas, de modo que las cifras y los artículos iniciales no son necesariamente los definitivos. Esto obliga a quienes quieran planificar a distinguir entre lo que se propone y lo que finalmente se aprueba. Las empresas que planifican sobre el proyecto inicial corren el riesgo de tener que rehacer cálculos.

La letra pequeña

Para las empresas, la letra pequeña de cada presupuesto, es decir, deducciones, tipos mínimos e incentivos, puede cambiar decisiones de inversión. Una deducción que desaparece, un tipo mínimo que se introduce o un incentivo que se amplía alteran el cálculo de cuánto cuesta realmente una decisión y de cuándo conviene tomarla.

El detalle fiscal puede inclinar la balanza de una inversión. Una compra de equipos, una contratación o una reorganización pueden resultar más o menos atractivas según cómo tributen. Y para una familia con patrimonio, cambios en la fiscalidad de rentas, de sucesiones o de inmuebles pueden modificar la conveniencia de determinadas operaciones, por lo que merece la pena seguir los cambios con atención. Conviene hablar con el asesor antes de cerrar operaciones relevantes a final de año.

Leer a tiempo

Leerla a tiempo permite planificar el ejercicio siguiente. Mientras la norma se tramita, conviene seguir su evolución, ya que el texto puede cambiar, y analizar con los asesores fiscales cómo afectaría a cada empresa. Anticiparse a los efectos ayuda a ajustar la tesorería, el calendario de inversiones y la política de dividendos. Y permite hablar con el banco con cifras previstas en lugar de con intuiciones.

Una forma práctica de hacerlo es preparar dos o tres escenarios con las medidas más probables y calcular su efecto sobre el resultado, la caja y los impuestos de fin de año. Así, cuando el texto final se publique, solo habrá que actualizar las cifras. Planificar con la norma en la mano evita sorpresas a final de año. Esta práctica es válida para cualquier cambio normativo de calado, no solo para los presupuestos.

Quien lee a tiempo la letra pequeña decide con ventaja sobre quien la descubre al liquidar.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.