- El Real Decreto-ley 36/2020 ordena cómo se gestionarán los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Crea los PERTE, proyectos estratégicos que podrán acreditarse ante el Ministerio de Hacienda.
- Agiliza contratación, subvenciones y evaluación ambiental, con anticipos de hasta el 50 % en algunos casos.
El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entró en vigor al día siguiente. Es la norma que establece cómo se gestionarán en España los fondos del instrumento europeo Next Generation EU, que suponen unos 140.000 millones de euros para el país en transferencias y préstamos entre 2021 y 2026.
Antes de que lleguen los recursos hace falta una maquinaria capaz de repartirlos con rapidez y con controles. El decreto la diseña: crea órganos de gobernanza, reglas para la gestión presupuestaria y procedimientos más ágiles. Para las empresas, es la lectura obligada si piensan optar a ayudas, licitaciones o proyectos con financiación europea, y para las familias con negocio indica cuándo y cómo podrían llegar esos recursos a la economía real. La norma se aprobó por vía de urgencia, con el argumento de la necesidad de acelerar la absorción de fondos sin reducir los controles.
Quién decide y cómo
La gobernanza se organiza en varios niveles. Una Comisión para la Recuperación, presidida por el Presidente del Gobierno, fija las directrices y el seguimiento estratégico. Un Comité Técnico de hasta veinte miembros presta apoyo, y una Conferencia Sectorial presidida por el Ministerio de Hacienda coordina el trabajo con las comunidades autónomas. Hacienda actúa como autoridad responsable y la IGAE como autoridad de control.
El texto prevé también foros de participación y un foro específico de diálogo social, y exige una rendición de cuentas trimestral ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales. Cada departamento debe elaborar en dos meses un instrumento de planificación para gestionar su parte de los fondos, de modo que la ejecución quede ordenada por objetivos y plazos. Se pretende evitar que la gestión de los fondos se convierta en un cuello de botella administrativo.
Los PERTE
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, conocidos como PERTE, son iniciativas de carácter estratégico, con alto efecto de arrastre, que contribuyen a transformar sectores productivos. Se declaran por acuerdo del Consejo de Ministros y se inscriben en un registro dependiente de Hacienda, ante el que las empresas pueden solicitar la acreditación de su proyecto.
La acreditación debe resolverse en un máximo de tres meses y, si no hay respuesta expresa en ese plazo, se entiende desestimada. Además, el decreto permite que se formen agrupaciones de empresas para solicitar ayudas, con responsabilidad solidaria, y regula los consorcios y las entidades de economía mixta que colaboren con el sector público en estos proyectos. Esto exige tener preparados desde el principio la memoria técnica, el plan financiero y la composición del consorcio.
Contratación y ayudas más ágiles
Para acelerar la ejecución, el decreto permite tramitar de forma urgente los procedimientos de contratación, con umbrales más altos para los procedimientos simplificados, pliegos tipo y una nueva sección en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En subvenciones, prevé procedimientos de urgencia, concesión por orden de presentación en las de concurrencia no competitiva y pagos anticipados de hasta el 50 %.
También se reducen plazos en la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto simplificada y las autorizaciones ambientales integradas, sin eliminar las garantías. Para quien licita o solicita ayudas, estos cambios ofrecen oportunidades, pero obligan a vigilar los plazos y a preparar documentación completa, porque la rapidez penaliza los errores. Conviene seguir las convocatorias con su asesor. Estas medidas son excepcionales y se aplican solo durante el periodo de ejecución del Plan.
Las ayudas llegan antes a quien tiene los proyectos y los papeles preparados.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
