- El TJUE ha fijado que el derecho al olvido se aplica en toda la UE, pero no en todo el mundo.
- El buscador debe además tomar medidas que impidan o desalienten el acceso desde la UE a los resultados retirados.
- Las autoridades nacionales conservan margen para pedir retiradas más amplias, de acuerdo con su propia normativa.
El 24 de septiembre de 2019, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el caso Google contra la CNIL, la autoridad francesa de protección de datos. El tribunal concluyó que el derecho de supresión, conocido como derecho al olvido, no obliga a los buscadores a retirar los enlaces en todas las versiones mundiales de su servicio, sino únicamente en las versiones correspondientes a los Estados miembros.
El origen del caso fue un conflicto con la autoridad francesa, que en 2016 impuso a Google una multa de 100.000 euros por negarse a aplicar las retiradas a todas sus extensiones. La compañía sostenía que bastaba con aplicarlas en los dominios europeos. El tribunal ha dado la razón a Google en lo esencial, pero con un matiz que importa: el buscador debe tomar medidas para que las retiradas sean eficaces dentro de la Unión.
Qué es el derecho al olvido
El derecho al olvido nació de una sentencia del propio Tribunal de Justicia en 2014, que reconoció que una persona puede pedir a un buscador que elimine de sus resultados enlaces a información sobre ella que sea inexacta, esté desfasada o ya no sea pertinente. No elimina la información de la página original, sino que impide encontrarla al buscar el nombre de esa persona. Desde 2018, el Reglamento General de Protección de Datos lo recoge de forma expresa, y siempre debe ponderarse con la libertad de información.
Hasta ahora la discusión era cuál es su alcance geográfico. La autoridad francesa defendía que, si la retirada solo se aplica en Europa, cualquiera podría encontrar el enlace usando una versión no europea del buscador. El tribunal responde que Europa no puede imponer a terceros países su propio equilibrio entre privacidad e información, que varía mucho de unos lugares a otros. Google ya había introducido en 2016 un sistema de bloqueo geográfico que impide ver desde el país del usuario los enlaces retirados, y la sentencia confirma que medidas de ese tipo forman parte de lo que se espera de un buscador.
Qué implica para personas y empresas
Para las personas, significa que una solicitud aceptada garantiza que el enlace no aparecerá en las búsquedas hechas desde la Unión Europea, pero no que desaparezca de otras partes del mundo. Para quien sufre un perjuicio real por información antigua o inexacta, la protección es amplia dentro de Europa, aunque limitada fuera de ella.
Para las empresas, la sentencia tiene un doble efecto. Si son titulares de datos personales que aparecen en buscadores, como la identidad de directivos o información histórica sobre administradores, deben conocer cómo se tramitan las solicitudes. Y si prestan servicios de búsqueda, indexación o análisis, deben contar con procedimientos para atender las retiradas y garantizar que sean efectivas en la Unión.
Qué conviene revisar
Quien quiera pedir una retirada debe dirigirse primero al buscador, con los enlaces concretos y los motivos, y puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos si no queda satisfecho. Conviene conservar capturas y fechas, y tener claro que no todas las peticiones prosperan: el interés público, por ejemplo en cargos o actividad profesional, puede pesar más.
Las empresas deberían además incluir la reputación en línea en su gestión de riesgos, con seguimiento de lo que se publica y un protocolo para responder. Si necesita asesoramiento sobre un caso concreto, consulte con un profesional especializado en protección de datos.
Internet no tiene fronteras, pero el derecho a ser olvidado, de momento, sí las tiene.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
