- La ley obliga al primer ministro a solicitar una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 si no hay pacto el 19 de octubre.
- Johnson perdió además la mayoría efectiva en la Cámara de los Comunes y no logró convocar elecciones anticipadas.
- Para las empresas, el calendario del Brexit se aleja del escenario sin acuerdo, pero la incertidumbre persiste.
El 9 de septiembre de 2019, la ley que busca impedir un Brexit sin acuerdo recibió la sanción real y entró en vigor. La conocida como ley Benn, por el diputado laborista que la impulsó, había sido aprobada por la Cámara de los Comunes el 4 de septiembre, por 327 votos contra 299, y por la Cámara de los Lores el viernes 6. Obliga al primer ministro a pedir a la Unión Europea una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 si el 19 de octubre el Parlamento no ha aprobado un acuerdo de salida ni autorizado expresamente la salida sin acuerdo.
El Gobierno de Boris Johnson, que había asegurado que no pediría ninguna prórroga, ha perdido la votación y la mayoría. Veintiún diputados conservadores perdieron la disciplina del partido por apoyar la ley, y los Comunes rechazaron además la propuesta de Johnson de convocar elecciones anticipadas, que necesitaba una mayoría de dos tercios. La semana también trajo la dimisión de la ministra Amber Rudd. Mientras tanto, las negociaciones con Bruselas sobre el acuerdo de salida seguían atascadas, en particular por la frontera de Irlanda del Norte.
Cómo funciona la ley
La ley es muy detallada. Incluye el texto exacto de la carta que el primer ministro debe enviar al presidente del Consejo Europeo, de modo que no pueda redactarla de forma que se rechace. Si la Unión Europea ofrece la prórroga solicitada, el primer ministro debe aceptarla; si propone otra fecha, deberá aceptarla salvo que los Comunes le autoricen a rechazarla en un plazo de dos días. El texto de la ley obliga a una solicitud formal y no deja margen para condicionarla: es un mecanismo diseñado para que el primer ministro no pueda desactivarlo con una redacción ambigua.
Para que una prórroga se conceda, hace falta la unanimidad de los veintisiete Estados. Francia había advertido el 8 de septiembre que, en las condiciones actuales, no concedería una nueva extensión más allá del 31 de octubre. Sin esa unanimidad, el Reino Unido saldría en la fecha prevista, con lo que el riesgo de salida sin acuerdo no desaparece del todo. También se ha debatido qué ocurriría si el Gobierno no cumpliera la ley, un escenario que llevaría el asunto a los tribunales y que muestra hasta qué punto el Brexit ha puesto a prueba las instituciones británicas.
Qué significa para las empresas
La aprobación reduce, aunque no elimina, la probabilidad de una salida abrupta el 31 de octubre. Para los exportadores e importadores, esto da algo de aire para ultimar los preparativos, pero también prolonga el periodo de incertidumbre, que es por sí mismo costoso: frena inversiones, encarece la cobertura de divisas y complica la planificación de existencias.
Las empresas españolas con negocio en el Reino Unido llevan meses con planes de contingencia. Muchas ya han hecho acopio de inventarios o han revisado sus rutas logísticas, y ahora deben decidir si mantienen ese esfuerzo o lo reducen a la espera de lo que ocurra en octubre.
Qué conviene revisar
La prudencia aconseja mantener los planes vivos: contar con el registro aduanero, revisar cláusulas de precio y de moneda, y definir quién decide cuándo activar el plan. También es útil tener identificados los productos más expuestos a aranceles y controles sanitarios.
Para particulares con intereses en el Reino Unido, como residencia, propiedades o inversiones, conviene seguir los cambios previstos en derechos de residencia y tributación. Consulte con su asesor para valorar escenarios y no actuar bajo presión de última hora. Para los particulares, el calendario también importa: conviene comprobar con antelación los requisitos de residencia, los seguros médicos y los permisos de trabajo en un escenario sin acuerdo.
El Parlamento ha ganado tiempo, pero el Brexit sigue abierto.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
