Johnson suspende el Parlamento británico

El 28 de agosto de 2019, el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió a la reina Isabel II que suspendiera el Parlamento hasta el 14 de octubre, y la soberana lo aprobó. Es el procedimiento conocido como prórroga, que se utiliza habitualmente para cerrar un periodo de sesiones y abrir otro con un discurso de la Corona. Johnson sostuvo que quería presentar un nuevo programa legislativo.

La oposición y numerosos diputados, también del propio partido conservador, interpretaron la decisión como un intento de reducir el tiempo del que dispone el Parlamento para frenar una salida sin acuerdo el 31 de octubre. Un tribunal escocés comenzó a examinar el 29 de agosto un recurso presentado por parlamentarios, y se anunciaron nuevas demandas ante los tribunales de Inglaterra. La decisión se anunció pocos días antes de que el Parlamento volviera de sus vacaciones de verano, lo que aumentó la tensión política entre el Gobierno y la oposición.

Qué es la prórroga y por qué se discute

En el sistema británico, la prórroga es una facultad de la Corona que ejerce el Gobierno, una de las llamadas prerrogativas reales. No es nueva, pero sí lo es utilizarla en un momento en que el Parlamento desea intervenir en una cuestión central. La duración habitual es de pocos días; la que se pedía ahora, de unas cinco semanas, es mucho más larga de lo corriente. Las prerrogativas reales son poderes que históricamente ejercía el monarca y que hoy ejerce el Gobierno en su nombre, y su uso se rige por convenciones políticas más que por reglas detalladas.

Los tribunales británicos han declarado en otras ocasiones que pueden revisar el ejercicio de algunas prerrogativas, como hicieron en 2017 en el caso sobre el inicio del Brexit. Ahora tendrán que decidir si en esta ocasión es un asunto justiciable, es decir, si un juez puede examinarlo, y si el uso de la facultad es legítimo. La respuesta marcará el límite entre la política y el derecho en un país sin constitución escrita.

Qué significa para quien hace negocios con el Reino Unido

Con la suspensión, el tiempo efectivo del Parlamento antes del 31 de octubre se reduce de forma notable, y aumenta la probabilidad de que el calendario del Brexit se resuelva en los últimos días. Una salida sin acuerdo supondría aranceles y controles aduaneros en la frontera, nuevas formalidades de importación y exportación, y una incertidumbre regulatoria para sectores como el financiero o el alimentario. Las empresas con proveedores en el Reino Unido suelen notar antes la incertidumbre en los plazos de entrega que en los precios, porque los retrasos aduaneros son el riesgo más inmediato.

España aprobó en marzo un real decreto-ley de medidas de contingencia ante un Brexit sin acuerdo, con previsiones para ciudadanos, empresas y la situación de Gibraltar. Pero esas medidas no sustituyen la preparación de cada empresa, que debe conocer sus propias exposiciones y asegurarse de que sus socios y proveedores también las conocen.

Qué conviene revisar

Las empresas que exportan o importan con el Reino Unido deberían comprobar si disponen del número de registro aduanero necesario, si su operador logístico está preparado para las declaraciones de aduanas y si los contratos tienen cláusulas sobre aranceles y cambios de normativa.

También conviene revisar los plazos de entrega, el nivel de existencias y la exposición a la libra esterlina. Quien tenga patrimonio o residencia en el Reino Unido, o familiares allí, haría bien en informarse de los cambios posibles. Consulte con su asesor para valorar su situación concreta. Quien tenga familiares o patrimonio en el Reino Unido haría bien en reunir la documentación de residencia y de bienes por si fuera necesaria en un nuevo marco.

Cuando la política se juega en los tribunales, el calendario del Brexit se vuelve aún más difícil de prever.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.