- Dos nuevas directivas modernizan las garantías de los productos y regulan por primera vez los contratos de contenidos y servicios digitales.
- Se aplicarán a partir de 2022, tras su transposición a la legislación de cada Estado.
- Los vendedores en línea y los fabricantes deberían revisar sus condiciones de venta y sus acuerdos con proveedores.
La Unión Europea ha aprobado dos directivas, con fecha de 20 de mayo de 2019, que se publicaron en el Diario Oficial el 22 de mayo: la Directiva (UE) 2019/771, sobre determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, y la Directiva (UE) 2019/770, sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Las dos se complementan: una cubre los productos físicos y la otra el software, las aplicaciones, la música en línea o el almacenamiento en la nube.
Los Estados miembros deberán transponerlas a más tardar el 1 de julio de 2021, y se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. La directiva de compraventa sustituye a la de 1999 sobre garantías de bienes de consumo. Para los comercios, los fabricantes y las plataformas que venden a consumidores, supone actualizar unas normas que no estaban pensadas para el comercio electrónico ni para los productos conectados.
Garantía de los productos
La directiva de bienes mantiene una garantía legal de al menos dos años y presume que la falta de conformidad que aparezca durante el primer año ya existía cuando se entregó el producto, de modo que corresponde al vendedor demostrar lo contrario. Los Estados pueden ampliar ese plazo hasta dos años. En la normativa española vigente, el periodo de presunción es de seis meses, por lo que el cambio será relevante.
Si el producto no es conforme, el consumidor tiene derecho a que se repare o se sustituya y, si eso no es posible o no se hace en un plazo razonable, a una rebaja del precio o a resolver el contrato. La directiva incluye también los bienes con elementos digitales, como los dispositivos conectados, para los que el vendedor deberá garantizar las actualizaciones necesarias durante un periodo razonable.
Contenidos y servicios digitales
La directiva sobre contenidos y servicios digitales regula por primera vez, a escala europea, los derechos del consumidor cuando algo no funciona: exige que el producto sea conforme con el contrato, que se mantenga actualizado y que, si no lo es, el consumidor pueda pedir que se corrija, una rebaja del precio o la resolución del contrato. Se aplica también cuando el consumidor no paga con dinero, sino que facilita sus datos personales.
Esto afecta a empresas de sectores muy distintos: desde las que venden aplicaciones o software como servicio hasta las que ofrecen plataformas de contenidos o almacenamiento. El reto principal será adaptar los contratos y las condiciones generales a un régimen de conformidad y de responsabilidad más exigente y más uniforme entre países.
Qué conviene revisar
Aunque la aplicación está lejos, es un buen momento para ir revisando las condiciones generales de venta, los plazos de garantía que se ofrecen y la política de devoluciones, y para identificar qué productos tienen elementos digitales que obligarán a asegurar actualizaciones. Si la empresa vende en otros países de la Unión, conviene seguir cómo transpone cada uno.
También conviene revisar los contratos con proveedores y fabricantes: si el vendedor responde ante el consumidor por un defecto, debe poder reclamar a quien le suministró el producto, y las condiciones de esa reclamación dependen del derecho nacional. Un asesor mercantil puede ayudar a ordenar las cláusulas de garantía y de responsabilidad a lo largo de la cadena. También puede ser el momento de revisar la documentación comercial que se entrega al cliente, como los manuales, las hojas de garantía y las condiciones de uso, para que describan con claridad qué se ofrece, durante cuánto tiempo y qué mantenimiento o actualizaciones incluye cada producto.
Las reglas de garantía cambian despacio, pero con tiempo se adaptan mejor los contratos.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
