- El anteproyecto fija metas para 2030 y 2050: menos emisiones, más renovables y más eficiencia energética.
- Afecta a energía, transporte, edificios, contratación pública y sector financiero, y no solo a las compañías eléctricas.
- Es un borrador en tramitación: pasará por información pública y por el Consejo de Estado antes de volver al Gobierno.
El viernes 22 de febrero, el Consejo de Ministros tomó nota del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que será el marco para descarbonizar la economía española hasta 2050, en línea con el compromiso del Acuerdo de París. El Consejo recibió también informes sobre el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y sobre la Estrategia de Transición Justa.
El texto todavía no es ley: antes de volver al Consejo de Ministros se someterá a información pública y recibirá informes de los ministerios y del Consejo de Estado, y después habrá de superar la tramitación parlamentaria. Aun así, marca con bastante precisión por dónde quiere ir la regulación, y eso ya interesa a empresas con inversiones, contratos o activos a largo plazo.
Metas y energía
Para 2030, el anteproyecto plantea reducir al menos un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, generar el 70 % de la electricidad con renovables, que al menos el 35 % del consumo final de energía sea renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35 % como mínimo. Para 2050, la reducción de emisiones sería de al menos el 90 % y el sistema eléctrico debería ser 100 % renovable.
Prevé también subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios al año y no permitiría nuevas autorizaciones de exploración ni concesiones de explotación de hidrocarburos, ni la fractura hidráulica. Las prórrogas vigentes no podrían extenderse más allá del 31 de diciembre de 2042, y cualquier nuevo beneficio fiscal a productos energéticos de origen fósil tendría que justificarse expresamente.
Transporte, edificios y compras públicas
En movilidad, el borrador busca un parque de turismos y furgonetas sin emisiones directas de CO2 en 2050, con turismos nuevos de cero emisiones no más tarde de 2040, y pide a los municipios de más de 50.000 habitantes crear zonas de bajas emisiones antes de 2023. Las grandes instalaciones de suministro de combustible, las que vendan al año cinco millones de litros o más, deberían ofrecer al menos un punto de recarga eléctrica de 22 kW o más.
La Administración General del Estado deberá incorporar criterios de huella de carbono a sus contratos y solo podrá arrendar edificios de consumo de energía casi nulo, de modo que los arrendamientos vigentes que no lo cumplan no podrán prorrogarse más allá de 2030. Al menos el 20 % de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la transición hacia una economía baja en carbono.
Qué debe vigilar una empresa
El anteproyecto contiene una obligación que merece atención: las empresas cotizadas, las entidades de crédito, las aseguradoras y las sociedades de gran tamaño deberán elaborar cada año un informe sobre el impacto financiero de los riesgos que el cambio climático supone para su actividad. Banco de España, CNMV y la Dirección General de Seguros elaborarían además un informe bienal sobre riesgos para el sistema financiero.
Para una pyme, el efecto será sobre todo indirecto: a través de sus clientes grandes, de los costes de energía y transporte, de las exigencias en licitaciones públicas o de las condiciones de financiación. Conviene seguir el texto durante su tramitación, evaluar con tiempo qué inversiones en eficiencia o en energía propia tienen sentido y revisar los contratos a largo plazo que dependan de la energía. Mientras el texto avanza, puede ser útil medir la huella de carbono y el consumo energético propios, aunque sea de forma sencilla, porque esa información será cada vez más habitual en las relaciones con clientes grandes, entidades financieras y administraciones.
Una ley aún sin aprobar ya sirve de brújula para planificar inversiones a largo plazo.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
