Caen los presupuestos y hay elecciones

El 13 de febrero de 2019 el Congreso de los Diputados rechazó los presupuestos generales del Estado para ese año. Dos días después, el 15 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales para el 28 de abril. La votación en el Congreso se convirtió así en el punto de partida de una nueva campaña electoral,. La convocatoria interrumpía la legislatura y abría un periodo en el que las grandes decisiones políticas quedaban en manos de las urnas.

Que unos presupuestos no salgan adelante no es solo un asunto político. Las cuentas públicas reflejan cuánto gastará el Estado y en qué, y suelen ir acompañadas de decisiones sobre impuestos, ayudas e inversiones que afectan a familias y empresas. Cuando el proyecto cae y se abre un periodo electoral, la vida económica continúa, pero con muchas decisiones pendientes de saber quién gobernará después y con qué apoyos.

Sin presupuestos, sin novedades fiscales

Los presupuestos del Estado recogen el gasto público previsto para el año y, a menudo, van acompañados de cambios en impuestos y en ayudas. Si no se aprueban, se mantienen los del año anterior, un mecanismo pensado para que el Estado pueda seguir funcionando. Las partidas pueden seguir pagándose, pero las novedades que dependían de la nueva ley quedan en suspenso mientras no haya otra aprobada.

Para las familias, eso significa que las reglas fiscales no cambian a corto plazo, pero que tampoco llegan las novedades anunciadas. Para las empresas, supone convivir con un marco conocido y, a la vez, con proyectos que dependen de ayudas, inversiones públicas o ajustes normativos que no se materializan. Es una situación estable en apariencia, aunque con una buena dosis de espera. No es una situación excepcional: la prórroga presupuestaria es un instrumento previsto precisamente para evitar que el Estado se paralice.

Un periodo electoral

Una convocatoria electoral abre semanas de promesas y propuestas. Los partidos presentan programas con medidas sobre impuestos, vivienda, pensiones o empleo, y es natural que familias y empresarios los lean con interés. Conviene, sin embargo, distinguirlas de las normas en vigor: hasta que no haya un nuevo Gobierno y se apruebe una ley, nada de lo prometido es exigible.

Además, los programas pueden cambiar durante las negociaciones posteriores, porque ningún partido garantiza que su propuesta se aplique tal cual. Tomar una decisión patrimonial importante a partir de lo que un candidato dice que hará es apostar por un resultado incierto. Lo prudente es seguir el debate con atención, pero sin confundir el anuncio con la norma. Conviene por tanto mirar hacia delante con realismo, sin dar por hecho ni que las novedades llegarán pronto ni que no llegarán nunca.

Decidir con lo que hay

Para decisiones patrimoniales de largo recorrido, como una compra de vivienda, una donación o una reorganización de ahorros, lo prudente es apoyarse en la normativa vigente y no en lo que podría aprobarse. Una decisión bien planteada debería ser razonable con las reglas de hoy; si luego cambian, será un factor más, no una condición de partida.

Un asesor puede ayudar a valorar qué decisiones se pueden tomar ya y cuáles tiene sentido esperar, y a dejar cierto margen de adaptación por si el marco cambia más adelante. También sirve para revisar con calma los plazos de cada operación y evitar que la urgencia electoral, o su ausencia, condicione una decisión que debe responder a las necesidades de la familia. También es útil registrar por escrito las hipótesis de cada decisión, para poder revisarla con rapidez si el marco cambia.

La política marca el calendario; el plan patrimonial no debería depender de él.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.