El Congreso convalida el decreto de las VTC

El 25 de octubre de 2018 el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, las llamadas VTC. La votación fue ajustada, y el decreto seguirá tramitándose como proyecto de ley por la vía de urgencia, de modo que su contenido todavía puede variar.

El decreto establece que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes regulan el servicio de VTC cuando se presta como transporte urbano. Es una norma que importa en Barcelona y en el resto de ciudades, donde este verano el conflicto entre el taxi y las VTC ha estado muy presente con paros y protestas, y que afecta a empresas como las de las plataformas, a los titulares de licencias y a quienes usan estos servicios.

Qué cambia para las autorizaciones

Tras un periodo transitorio de cuatro años, las autorizaciones VTC de ámbito estatal solo podrán realizar servicios interurbanos. Para prestar servicios en ámbito urbano, será necesario solicitar la autorización correspondiente a la comunidad autónoma o al ayuntamiento. Las autorizaciones nacionales no pierden su eficacia, pero solo la mantienen para el transporte interurbano.

Durante el periodo transitorio, los servicios urbanos que presten los titulares de autorizaciones nacionales tendrán que cumplir las condiciones que fijen las entidades locales sobre uso de la vía pública, gestión del tráfico, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. Ese periodo transitorio funciona como compensación para los titulares, y el plazo puede ampliarse en casos debidamente justificados.

Qué pueden exigir las comunidades

El decreto habilita a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional en su territorio. Pueden regular la precontratación, la solicitud de servicios, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, los servicios u horarios obligatorios y las especificaciones técnicas de los vehículos. Estas condiciones se aplicarán tanto durante el periodo transitorio como después. Esto significa que el marco jurídico de un mismo servicio podrá ser distinto en Barcelona, en Madrid o en Valencia, con las consecuencias que eso tiene para las empresas que operan en varias ciudades: más trabajo de cumplimiento, pero también más flexibilidad para que cada territorio adapte el sistema a su realidad.

Además, el Gobierno ha autorizado la tramitación urgente de un anteproyecto para reformar el régimen sancionador de la ley, vinculado a un registro de comunicaciones de los servicios de VTC que podría empezar a funcionar a final de año, y se ha creado un grupo de trabajo permanente para facilitar la convivencia entre el taxi y las VTC.

Qué conviene revisar

Los titulares de autorizaciones VTC y las empresas que operan con ellas deberían analizar el efecto del plazo de cuatro años sobre el valor de sus autorizaciones y sobre sus modelos de negocio, y seguir la normativa que aprueben su comunidad autónoma y su ayuntamiento. Los acuerdos de financiación o arrendamiento vinculados a esas autorizaciones también conviene revisarlos.

Las empresas que contratan servicios de transporte con conductor para sus empleados o clientes pueden revisar sus contratos, la cobertura de seguros y las condiciones de servicio, por si la normativa autonómica o local cambia el régimen de precontratación o los precios. Cada decisión debe tomarse con el texto definitivo a la vista, y con asesoramiento.

El transporte urbano de personas pasa a regularse más cerca del territorio, con reglas que variarán de una ciudad a otra.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.