- La Comisión Delegada para Asuntos Económicos dio 48 horas al presidente de la Generalitat para bloquear el gasto no esencial.
- El Estado pagará directamente los servicios públicos fundamentales cuando la Generalitat certifique sus gastos pendientes.
- Los bancos deberán exigir un certificado de la Intervención General para cualquier pago de la Generalitat.
El 15 de septiembre de 2017 el Consejo de Ministros recibió un informe del ministro de Hacienda y, a continuación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó nuevas medidas de control financiero sobre Cataluña. Según la nota oficial, responden a que la Generalitat vulneró las condiciones fijadas en julio. Entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que se produjo el 16 de septiembre.
El acuerdo da 48 horas al presidente de la Generalitat para aprobar un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto no vinculado a servicios públicos fundamentales. Además, el Estado no enviará nuevas transferencias a la comunidad para pagar esos servicios: los abonará directamente una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.
Qué cambia en los pagos
El acuerdo se remite a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y para que exijan que cualquier pago de la Generalitat vaya acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan alguna irregularidad, deberán comunicarla al Ministerio Fiscal. Además, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso las de corto plazo, necesitarán autorización previa del Consejo de Ministros.
Según el Gobierno, la Generalitat había enviado semanalmente las comunicaciones a las que estaba obligada tras el acuerdo de julio, pese a haber presentado un recurso contencioso-administrativo contra él, hasta que esa misma semana la interventora general y el vicepresidente comunicaron que dejarían de cumplir esas condiciones. El Ejecutivo central presenta las medidas como una respuesta para proteger el interés general y garantizar los servicios públicos. En principio, las medidas se dirigen a los pagos de la propia Generalitat y no a las cuentas de empresas y ciudadanos.
Efectos para proveedores y empresas
Para quienes trabajan con la Administración catalana, el principal riesgo es el retraso en los cobros. Los proveedores de servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, son los que, según el acuerdo, el Estado abonaría directamente. Para otros gastos, los pagos pueden quedar condicionados a certificaciones adicionales o a la aprobación del acuerdo de no disponibilidad. Para un proveedor, la norma práctica es documentar cada entrega o servicio con la mayor claridad posible, de modo que la factura pueda certificarse sin discusión.
Los bancos, por su parte, deben revisar sus procedimientos: exigir el certificado, comunicar al Ministerio Fiscal las irregularidades y evitar colaborar con pagos que no cumplan los requisitos. En un sistema financiero muy regulado, el cumplimiento de estas obligaciones es parte del riesgo operativo, y la claridad de los trámites es tan importante como las medidas en sí.
Qué conviene revisar
Si su empresa factura a la Generalitat o a entidades de su sector público, conviene revisar los contratos y los plazos de pago vigentes, la antigüedad de las facturas pendientes y la exposición de su tesorería a un retraso prolongado. Valore con su asesor las opciones de financiación, como el descuento de facturas o el factoring, y las condiciones de cada una, porque no son iguales ni en coste ni en recurso. También es útil mantener una comunicación fluida con los departamentos que contratan y conservar los justificantes de aceptación de cada prestación.
Para empresas de otros sectores, la consecuencia es indirecta: un posible efecto sobre la actividad económica regional y sobre la confianza. Es prudente no sacar conclusiones precipitadas, seguir las comunicaciones oficiales y evitar decisiones irreversibles basadas en rumores. Los hechos se producen con rapidez y las normas aplicables pueden variar, por lo que conviene contrastarlas siempre con fuentes oficiales. Si su actividad depende en gran medida de un cliente público, es una buena ocasión para valorar la diversificación de clientes a medio plazo.
En un entorno cambiante, la tesorería y la documentación de cobros son la mejor protección de una empresa.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
