El Reino Unido activa el Brexit

El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó formalmente a la Unión Europea su salida, invocando el artículo 50 del Tratado, lo que abrió un plazo de dos años de negociación. Era el paso formal que tanto empresas como inversores esperaban desde el referéndum del año anterior, y marcaba el inicio de un proceso de salida de enorme complejidad. Esa complejidad explica que muchas de las preguntas que se planteaban no tuvieran todavía una respuesta clara.

Con la notificación empezaba una cuenta atrás en la que debían acordarse las condiciones de la separación y, en paralelo, las bases de la futura relación entre ambas partes. Hasta que esas condiciones estuvieran claras, la incertidumbre sobre cuestiones tan concretas como los aranceles, las aduanas o la situación de las personas y las empresas seguiría pesando sobre las decisiones de quienes tienen intereses en el Reino Unido. Esa espera obliga a decidir con información incompleta, algo habitual en economía pero especialmente exigente en este caso.

Qué es el artículo 50

El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea regula cómo un Estado miembro puede abandonar el bloque. Una vez notificada la intención, se abre un periodo para negociar las condiciones de salida y la futura relación, que puede prorrogarse solo con acuerdo de todas las partes. Es un procedimiento breve en el texto, pero de enorme complejidad cuando se aplica.

Dos años pueden parecer mucho tiempo, pero separar décadas de normas, instituciones y acuerdos comunes es una tarea de gran envergadura. Cada tema pendiente —comercio, servicios, circulación de personas, normativa técnica— tiene sus propios plazos e intereses. Por eso era razonable esperar negociaciones largas y, en algunos aspectos, soluciones transitorias que dieran a las empresas tiempo para adaptarse. Aun así, ningún plazo garantiza que todo quede resuelto, y las empresas deben estar preparadas para escenarios diversos.

Qué incertidumbre genera

Durante la negociación, nada cambia formalmente en el comercio, pero las empresas no saben qué reglas regirán después en aranceles, aduanas, circulación de personas o reconocimiento de normas. La libra, los contratos a largo plazo y las inversiones en el país son los primeros afectados por esa falta de claridad, porque los compromisos que se firman hoy pueden tener que cumplirse en un marco distinto. La falta de claridad afecta tanto a quien exporta al Reino Unido como a quien importa de allí o a quien tiene trabajadores y bienes en el país.

Esa incertidumbre cuesta dinero incluso antes de que se produzca ningún cambio real: se posponen inversiones, se encarecen las coberturas de divisa y se complica la planificación de plantillas y cadenas de suministro. Las empresas que trabajan con el Reino Unido conviven con un doble riesgo, el del resultado final de la negociación y el del tiempo que tarde en conocerse.

Preparar escenarios

Quien venda al Reino Unido, compre allí o tenga empleados o inmuebles en el país debería identificar su exposición y revisar cláusulas de precio, de divisa y de resolución de conflictos en sus contratos. Es útil anotar qué ocurriría con el negocio en distintos escenarios, desde una relación comercial muy cercana a otra más distante, y qué margen de maniobra existe en cada caso.

Planificar escenarios es más útil que intentar adivinar el resultado. Con un plan para cada caso, la empresa puede reaccionar con rapidez cuando se despeje el panorama, sin haber paralizado su actividad mientras tanto. Consultar con asesores jurídicos, fiscales y aduaneros ayuda a detectar a tiempo los puntos débiles, y a decidir qué conviene ajustar ya y qué es preferible dejar abierto. Lo importante es tener identificado quién decide qué, y con qué información, cuando el panorama cambie.

Con plazos largos de negociación, ganar tiempo para preparar cada escenario ya es una ventaja.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.