El 5 de septiembre de 2023 Saudi Telecom (STC) anunció que ha adquirido el 9,9 % de Telefónica, con acciones y derivados. Qué dice la ley de inversiones extranjeras y qué ha respondido el Gobierno.
Saudi Telecom Company (STC) anunció la noche del 5 de septiembre de 2023 que ha adquirido el 9,9 % del capital de Telefónica por unos 2.100 millones de euros, unos 2.250 millones de dólares. Con esa participación, el grupo saudí, controlado en un 64 % por el fondo soberano Public Investment Fund (PIF) y cotizado en la bolsa de Riad, pasa a ser el primer accionista de la operadora española, según la prensa económica, por delante de BBVA, BlackRock o CaixaBank.
Cómo lo ha hecho
La compra consta de dos tramos. El primero, un 4,9 % del capital, ya está en forma de acciones. El segundo, un 5,0 %, se ha adquirido mediante instrumentos financieros que dan exposición económica a esas acciones; STC solo obtendrá sus derechos de voto mediante liquidación física, una vez que tenga las autorizaciones regulatorias necesarias. El 6 de septiembre, las acciones de Telefónica subían en torno a un 3 % en las primeras horas de la sesión.
Telefónica comunicó a la CNMV que STC le había informado de la operación el día anterior, y señaló que toma nota de su «aproximación amistosa» y de su apoyo al equipo directivo. El consejero delegado de STC, Olayan Alwetaid, afirmó que el grupo no tiene intención de adquirir el control ni una participación mayoritaria.
Qué dice la ley
En España, la inversión directa de un inversor residente fuera de la UE y de la AELC que adquiera el 10 % o más del capital de una sociedad española en determinados sectores necesita autorización previa del Gobierno. Entre esos sectores figuran las infraestructuras críticas, como las comunicaciones, y las tecnologías críticas, como las telecomunicaciones. El régimen, previsto en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, se introdujo en 2020 y, si no se obtiene la autorización, la inversión carece de validez y de efectos jurídicos.
Con el 9,9 %, STC queda justo por debajo de ese umbral general. Pero hay un segundo frente: Telefónica es proveedor de servicios del sector de la defensa, y el real decreto sobre inversiones exteriores que entró en vigor el 1 de septiembre de 2023 mantiene un control específico en ese ámbito, con exenciones para las inversiones inferiores al 5 % y, con condiciones, para las de entre el 5 % y el 10 %. La prensa económica señaló que una participación superior al 5 % requería autorización de Defensa y que el Consejo de Ministros tendría que dar su visto bueno al segundo tramo.
La posición del Gobierno
El Gobierno en funciones respondió el 6 de septiembre. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo en Bruselas que STC se lo comunicó el día anterior, que la operación tiene «carácter amistoso» y que el Ejecutivo aplicará todas las medidas necesarias para proteger los intereses estratégicos, tras haber reforzado en los últimos años los controles a la inversión extranjera. La portavoz, Isabel Rodríguez, definió a Telefónica como «operador estratégico» y afirmó que el Gobierno estará vigilante.
Un accionista de referencia con menos del 10 % no controla la compañía, pero pesa en su gobierno: a menudo aspira a tener representación en el consejo y condiciona los equilibrios con los demás grandes accionistas. Para el inversor, la lección práctica es leer con atención las comunicaciones a la CNMV, porque una participación puede repartirse entre acciones y derivados, como en este caso. Para quien invierta en España desde fuera de la UE, la regla es comprobar antes de cerrar la operación si está sujeta a autorización, porque el plazo general para resolver es de tres meses y, sin autorización, la inversión carece de validez. Consulte con su asesor cómo aplicarlo a su caso.
Quedarse una décima por debajo del umbral no impide que el Gobierno examine la operación.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
