El Tribunal Superior de Inglaterra ordenó el 15 de enero de 2018 la liquidación forzosa de Carillion, uno de los mayores contratistas públicos británicos. Qué se sabe y qué revisar si su empresa depende de un gran cliente.
El 15 de enero de 2018, el Tribunal Superior de Inglaterra dictó la liquidación forzosa de Carillion, una de las mayores empresas de construcción y servicios del Reino Unido. Se nombró liquidador al Official Receiver, un funcionario público del Servicio de Insolvencia, asistido por seis profesionales de PwC (PricewaterhouseCoopers) como administradores especiales. El grupo no logró un acuerdo con sus acreedores después de perder en menos de seis meses casi todo su valor en bolsa, que pasó de cerca de 1.000 millones de libras a unos 61 millones.
Qué se sabe
Según la prensa especializada, Carillion empleaba a unas 43.000 personas en el Reino Unido, Oriente Medio y Canadá, unas 20.000 de ellas en el Reino Unido, y tuvo unos ingresos de 5.200 millones de libras en 2016. Sus deudas se cifran en unos 1.500 millones de libras y el déficit de sus planes de pensiones, en unos 600 millones. En el primer semestre de 2017 registró unas pérdidas antes de impuestos de 1.100 millones y terminó el año incumpliendo las condiciones de su financiación bancaria.
Carillion prestaba servicios en unos 450 contratos con el Gobierno, el 38 % de sus ingresos de 2016, sobre todo para los ministerios de Educación, Sanidad, Justicia y Transporte. El Gobierno británico ha dicho que dará al liquidador los fondos necesarios para que los servicios públicos sigan funcionando y que la plantilla seguirá trabajando con las mismas condiciones y cobrando con normalidad. Para los contratos exclusivamente privados, según informó la prensa, la ayuda pública solo cubriría dos días. El ministro de Empresa, Greg Clark, pidió ampliar y acelerar la investigación del liquidador sobre la gestión de los administradores actuales y anteriores.
La cadena de suministro
El efecto más difícil de medir está en las empresas que trabajaban para Carillion. En 2016 el grupo compró a proveedores locales por unos 952 millones de libras, y Build UK estima que entre 25.000 y 30.000 pequeñas empresas tienen cobros pendientes. Rudi Klein, que dirige la asociación de contratistas de ingeniería especializada, advirtió de que la caída puede arrastrar a muchas empresas pequeñas.
Las reglas de la liquidación marcan una frontera clara. Según los administradores, se pagará lo que se suministre o se trabaje a partir del nombramiento del liquidador, y se pidió a empleados, agentes y subcontratistas que siguieran trabajando con normalidad salvo indicación contraria. Lo que se debía antes de esa fecha se tratará, por lo general, como crédito ordinario, es decir, sin garantía, y su cobro depende de lo que se obtenga de los activos de la empresa.
Qué conviene revisar
Para una empresa mediana o una familia empresaria, el caso recuerda tres riesgos. El primero es la concentración: si un cliente pesa mucho en la facturación, su quiebra puede convertirse en la propia. Conviene saber qué porcentaje de las ventas y de los cobros pendientes representa cada gran cliente y fijar un límite que se pueda soportar.
El segundo son los plazos de pago. Cuanto más largo es el plazo que impone un gran cliente, más financia la empresa proveedora con su propio dinero y más queda sin cobrar si el cliente cae. Merece la pena revisar los plazos pactados, las retenciones o garantías que el cliente conserva sobre cada factura y, cuando exista, el seguro de crédito.
El tercero son las señales previas. Un desplome de la cotización, retrasos repetidos en los pagos, peticiones de alargar plazos o el incumplimiento de las condiciones de financiación suelen anticipar los problemas. Ante ellas, es razonable reducir la exposición, acortar los plazos o revisar qué dicen los contratos de ese cliente para el caso de insolvencia, porque algunos pueden terminar de forma automática. Y que el Estado asegure la continuidad de un servicio público no equivale a pagar las facturas anteriores de los proveedores.
Un gran cliente aporta volumen, pero también concentra el riesgo: conviene medirlo antes de que falle.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
