- El 8 de diciembre el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la ley de inteligencia artificial, la primera gran regulación de este ámbito.
- La ley clasifica los usos de la IA según su riesgo: cuanto mayor el posible daño, más exigentes las obligaciones.
- Las empresas que usan IA en procesos sensibles, como selección de personal o crédito, tendrían nuevas obligaciones: conviene hacer un inventario de sistemas.
El 8 de diciembre de 2023 el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la ley de inteligencia artificial, la primera gran regulación de este ámbito en el mundo. Era un acuerdo provisional: todavía debía completarse su tramitación antes de convertirse en norma definitiva.
El pacto ponía a Europa a la cabeza del esfuerzo regulatorio sobre una tecnología que se estaba incorporando muy rápido a los procesos de las empresas. Para quienes utilizan o desarrollan herramientas de inteligencia artificial, entender el enfoque de la norma, aunque aún no fuera definitiva, era útil para prepararse con tiempo. La tecnología avanza más rápido que las normas, y el reto de cualquier regulación en este campo es ser lo bastante precisa para dar seguridad jurídica y lo bastante flexible para no quedar obsoleta con la siguiente generación de herramientas.
Qué se acordó
Lo acordado fue el texto de la primera gran regulación de la inteligencia artificial en el mundo, una ley pensada para ordenar el uso de esta tecnología en el mercado europeo y cuya tramitación aún debía completarse.
Un acuerdo provisional entre el Parlamento y el Consejo es un paso muy relevante, pero no el último. Faltan trámites formales de aprobación y, después, un periodo de adaptación antes de que las obligaciones sean exigibles. Por eso conviene seguir con atención el texto final y no dar por cerrado ningún detalle antes de tiempo. Las normas europeas suelen tener un alcance que va más allá de las fronteras de la Unión, porque se aplican a quien ofrece productos o servicios en el mercado europeo, con independencia del lugar donde esté establecido.
Una regulación por niveles de riesgo
La ley clasifica los usos de la IA según su riesgo. La idea es que cuanto mayor sea el posible daño para las personas, más exigentes serán las obligaciones del proveedor o del usuario, mientras que los usos inocuos quedan sometidos a requisitos mínimos. Es un enfoque proporcional, parecido al de otras normas europeas de producto.
Este planteamiento evita tratar igual a un filtro de correo basura que a un sistema que influye en decisiones sobre personas. Los usos de mayor impacto sobre derechos o seguridad requieren más transparencia, más supervisión humana y más documentación. Los de bajo riesgo, en cambio, apenas quedan afectados, lo que busca no frenar la innovación en aplicaciones corrientes. Que ciertos usos se consideren de alto riesgo no significa que estén prohibidos, sino que quedan sujetos a requisitos más estrictos de documentación, de supervisión humana y de información. Los proveedores y los usuarios tienen responsabilidades distintas. Para una empresa que solo utiliza herramientas de terceros, la clave está en entender qué papel desempeña en la cadena, qué le exige la norma y qué debe pedir a su proveedor para poder cumplir con sus propias obligaciones.
Qué deben hacer las empresas
Las empresas que usan IA en procesos sensibles, como selección de personal o crédito, tendrían nuevas obligaciones. Conocer qué herramientas se usan y para qué empezaba a ser una cuestión legal.
Un primer paso razonable es hacer un inventario interno de los sistemas de IA en uso, incluidos los de proveedores externos, y consultar con el asesor jurídico qué obligaciones podrían corresponderles cuando la norma sea aplicable. También conviene preguntar a los proveedores qué documentación y garantías ofrecen. Anticiparse suele ser más barato que adaptarse a toda prisa cuando el plazo ya corre. Conviene además definir quién dentro de la empresa es responsable del uso de estas herramientas, con qué criterios se aprueba su introducción y cómo se supervisan los resultados, de forma que existan una política interna y un registro básico de decisiones. La formación de las personas que utilizan estos sistemas es otra medida sencilla y eficaz: comprender sus límites reduce errores, evita un uso indebido de datos confidenciales y mejora la calidad de las decisiones apoyadas en ellos.
Conocer la norma con tiempo da margen para decidir con calma.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
