Fracasa la investidura de Feijóo

El 27 y el 29 de septiembre de 2023 el Congreso rechazó la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Al no reunir apoyos suficientes, el turno pasaba a Pedro Sánchez, y España seguía con un Gobierno en funciones.

El resultado de las dos votaciones no sorprendió a quienes seguían la aritmética parlamentaria, pero confirmó que la incertidumbre iba a prolongarse. Para las empresas, lo importante no era tanto quién acabara gobernando como el tiempo que durase la situación de interinidad y las decisiones que quedaban en suspenso mientras tanto. En un sistema parlamentario, la aritmética importa más que el relato: sin los apoyos necesarios en el Congreso, ningún candidato puede ser investido, y las negociaciones entre grupos pueden alargarse más de lo que muchos esperaban.

Qué ocurrió en el Congreso

Tras las dos votaciones quedó confirmado el rechazo y se abría otra fase del proceso, con un nuevo candidato, mientras el Gobierno continuaba en funciones.

El procedimiento de investidura exige que el candidato propuesto consiga la confianza de la Cámara. Si no la obtiene, se abre un nuevo turno con otro candidato, y si se agotan los plazos sin acuerdo, se convocan nuevas elecciones. Cada fase tiene su propio calendario, lo que explica que la situación pudiera prolongarse durante semanas. El calendario de plazos que fija la Constitución impone, además, un límite a la duración del proceso, de modo que la situación no puede prolongarse indefinidamente: si no hay acuerdo, el sistema prevé un nuevo llamamiento a las urnas.

Qué significa un Gobierno en funciones

Con un Gobierno en funciones, no había presupuestos nuevos ni grandes reformas. Su capacidad de actuación se limita a la gestión ordinaria: no puede impulsar leyes de calado ni abordar cambios fiscales importantes. Cualquier decisión que dependiera de un nuevo marco legal quedaba, por tanto, aplazada.

Esto tiene consecuencias prácticas. Los proyectos de ley pendientes no avanzan, las ayudas que necesitan renovación pueden quedar en el aire y las empresas que esperan un cambio normativo no saben cuándo llegará. Se trata de una situación legítima y prevista por el sistema, pero que introduce un grado de incertidumbre en la planificación. Un Gobierno en funciones sigue pagando las nóminas públicas y prestando los servicios esenciales, pero no puede enviar a las Cortes proyectos de ley ni aprobar presupuestos nuevos, de modo que se mantienen los del ejercicio anterior. Para quienes esperan una reforma concreta, una ayuda o una decisión administrativa que requiere un nuevo marco legal, esta situación significa esperar, y la espera tiene un coste que conviene calcular y no ignorar.

Planificar sin saber

Las empresas operaban con las reglas de 2023 sin saber cuáles serían las de 2024. Eso afecta a las decisiones de contratación, inversión y precios que dependen de deducciones, ayudas o tipos que podrían cambiar.

Una posible respuesta es preparar varios escenarios, pactar con flexibilidad los contratos de largo plazo y no precipitar decisiones irreversibles hasta tener más claridad. Por ejemplo, calcular qué ocurriría con el resultado de la empresa si se mantiene el marco actual y qué ocurriría si se retira una ayuda o una deducción, y decidir de antemano qué se haría en cada caso. Un método sencillo consiste en dividir las decisiones en tres grupos: las que se pueden tomar ya, las que se tomarán cuando haya claridad y las que dependen de factores ajenos a la política. Cada grupo requiere un tratamiento distinto. Para la tesorería, conviene mantener un margen de liquidez algo mayor mientras dure la incertidumbre, de modo que un retraso de ayudas, de pagos públicos o de decisiones administrativas no tensione las cuentas ordinarias del negocio.

La incertidumbre se gestiona mejor con escenarios que con suposiciones.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.