- El 29 de mayo el presidente Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales para el 23 de julio.
- Un adelanto electoral congela decisiones legislativas y abre incertidumbre sobre la fiscalidad futura.
- Para las empresas, conviene esperar antes de decidir lo que dependa de cambios normativos, sin parar el resto de la actividad.
El 29 de mayo de 2023, tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, el presidente Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales para el 23 de julio. Era un adelanto respecto al calendario previsto para el final de la legislatura.
La decisión sorprendió por su rapidez y por el momento elegido: pocas semanas después de una cita electoral y a las puertas del verano. Para el mundo empresarial, lo relevante no es tanto la lectura política como sus consecuencias prácticas, porque una disolución de las Cortes altera el ritmo normal de la actividad legislativa y la previsibilidad del marco normativo. Además, en vísperas de elecciones los partidos suelen presentar propuestas económicas muy diversas, y no todas llegan a convertirse en ley. Por eso es preferible esperar a ver qué se aprueba antes de basar decisiones en lo prometido.
Qué se anunció
La decisión de convocar elecciones generales para el 23 de julio dejaba menos de dos meses de campaña y de preparación, un margen corto para los partidos y para quienes debían organizar la votación. Para empresas y familias, ese tiempo de incertidumbre política podía retrasar decisiones que dependían de un nuevo gobierno.
Una convocatoria anticipada obliga a los partidos a presentarse de nuevo ante los votantes en un plazo corto y mantiene al Gobierno en una posición especial mientras dura el proceso. Como siempre en estos casos, el resultado dependía de la decisión de los electores y no cabía darlo por conocido de antemano. Los calendarios electorales también afectan a la actividad administrativa, porque durante la campaña y el periodo posterior de formación del Gobierno algunos trámites se ralentizan y las decisiones sobre ayudas o concursos pueden retrasarse.
Qué ocurre con la actividad legislativa
Un adelanto electoral congela decisiones legislativas y abre incertidumbre sobre la fiscalidad futura. Con las Cortes disueltas, las leyes pendientes dejan de avanzar, y el Gobierno en funciones no puede promover nuevas reformas de calado hasta que se forme otro.
Eso afecta a todo lo que estuviera en tramitación: medidas fiscales, normas laborales, cambios en ayudas o incentivos. Algunas iniciativas pueden retomarse tras las elecciones, otras pueden modificarse y otras pueden desaparecer, según el resultado. Mientras tanto, no es posible saber con certeza cuál será el marco aplicable en los meses siguientes. Para las empresas que dependen de licitaciones públicas, de subvenciones o de autorizaciones administrativas, conviene anticipar posibles retrasos y evitar compromisos de pago o de entrega que dependan de resoluciones que podrían no llegar a tiempo.
Cómo conviene actuar
Para las empresas, era momento de esperar antes de tomar decisiones que dependieran de cambios normativos. Eso no significa parar: se pueden seguir adelante las decisiones que no dependen de la política, como la gestión de costes, la relación con clientes o la planificación de tesorería.
Pero conviene diferir las que estén ligadas a cambios fiscales o regulatorios todavía inciertos, y mantener opciones abiertas. Por ejemplo, evitar firmar compromisos de largo plazo cuyo coste dependa de una deducción pendiente de aprobar, o dejar margen en los contratos para incorporar cambios de normativa. Y repasar con el asesor los escenarios posibles una vez se conozca el resultado. Una norma práctica es distinguir entre decisiones reversibles, que pueden adoptarse ya porque se pueden corregir, y decisiones irreversibles, que merecen esperar a tener más información sobre el marco fiscal y regulatorio. También es un buen momento para comprobar los vencimientos del calendario fiscal y laboral de los próximos meses, de modo que una agenda política movida no distraiga de las obligaciones ordinarias de la empresa.
En periodos de incertidumbre política, la flexibilidad vale más que la rapidez.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
