- El regulador alemán usa el derecho de la competencia para limitar cómo una gran plataforma combina datos de sus usuarios.
- Facebook podrá seguir recogiendo datos, pero asociarlos a cada cuenta exigirá un consentimiento voluntario.
- Las empresas que usan píxeles y herramientas de redes sociales en sus webs deberían revisar cómo obtienen el consentimiento.
El 7 de febrero de 2019, la Oficina Federal de Cárteles de Alemania (Bundeskartellamt) comunicó su decisión de imponer a Facebook restricciones de gran alcance sobre el tratamiento de datos de sus usuarios. La plataforma podrá seguir recopilando datos en servicios como WhatsApp o Instagram, pero solo podrá asignarlos a las cuentas de Facebook si el usuario da su consentimiento voluntario.
La medida alcanza también a los datos recogidos en webs y aplicaciones de terceros mediante las herramientas empresariales de la compañía. Según la autoridad, las condiciones de uso que permitían esa recopilación no son justificables ni conforme a los principios de protección de datos ni conforme a los criterios del derecho de la competencia. Facebook dispone de doce meses para dejar de aplicar la práctica objetada.
Competencia y protección de datos
Lo llamativo de la decisión es el cauce elegido. La autoridad no sanciona una infracción del reglamento de protección de datos, sino un abuso de posición dominante: considera que Facebook domina el mercado alemán de las redes sociales y que utiliza esa posición para imponer unas condiciones que los usuarios no pueden rechazar si quieren seguir usando el servicio.
Es una lectura nueva, que sitúa los datos personales como un activo de poder de mercado. No es una resolución definitiva, ya que puede recurrirse ante los tribunales, y su recorrido dependerá de lo que digan los jueces. Pero el mensaje para las grandes plataformas es claro: cómo piden consentimiento y para qué combinan datos importa también a los reguladores de la competencia.
Lo que toca a las empresas
La decisión no afecta solo a Facebook. Muchas empresas incorporan a sus webs botones sociales, píxeles de seguimiento o herramientas de análisis de plataformas, que envían datos de los visitantes a terceros. La autoridad recuerda que esas herramientas ya exigen consentimiento para recoger los datos, y un sitio web que las instala sin pedirlo puede tener un problema de cumplimiento.
En España, la normativa sobre cookies y herramientas de seguimiento está en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que exige informar y obtener el consentimiento del usuario salvo para las estrictamente necesarias, y se complementa con el reglamento europeo de protección de datos. El marco, por tanto, ya obliga; lo que cambia es la atención de los reguladores.
Qué conviene revisar
Un repaso razonable empieza por inventariar qué herramientas de terceros hay instaladas en la web y en las aplicaciones de la empresa, qué datos envían y si el aviso de cookies recoge un consentimiento previo, informado y que pueda retirarse. Muchas veces las herramientas se instalan por marketing y nadie en la empresa sabe con exactitud qué recogen.
También conviene revisar los contratos con las plataformas publicitarias y quién es responsable de qué en cada tratamiento. No se trata de dejar de usar estas herramientas, sino de usarlas con un fundamento jurídico claro. Un asesor en protección de datos puede ayudar a documentarlo de forma proporcionada al tamaño de la empresa. En paralelo, conviene que la empresa lleve un registro de los proveedores tecnológicos que reciben datos de sus clientes y visitantes, con su finalidad y su base legal, porque es la información que primero se pide cuando un usuario o una autoridad hacen una consulta. Las empresas pequeñas pueden apoyarse en herramientas de gestión del consentimiento que ya incorporan los textos y los registros necesarios, siempre que se configuren bien y se comprueben periódicamente, porque una configuración por defecto no siempre se ajusta a lo que la empresa realmente hace.
Los datos de los clientes son un activo, y usarlos sin base clara termina siendo un riesgo.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
