- Londres propone mantener un mercado común de mercancías con las reglas de la UE, pero abandonar la libre circulación de personas.
- Los servicios, incluidos los financieros, quedarían con un acceso menor al actual, y eso afecta a buena parte de la economía británica.
- Para las empresas lo urgente es el calendario: el Reino Unido sale el 29 de marzo de 2019 y casi todo sigue por negociar.
El 12 de julio de 2018 el Gobierno británico de Theresa May publicó un libro blanco con su propuesta para la relación futura con la Unión Europea. El texto desarrolla el acuerdo alcanzado por el Gabinete en Chequers el 6 de julio, que provocó la dimisión del ministro del Brexit, David Davis, el 8 de julio, y la del ministro de Exteriores, Boris Johnson, al día siguiente.
La propuesta pretende una salida con el menor impacto posible para el comercio de bienes, pero rompe con el principio comunitario de que las cuatro libertades del mercado único son indivisibles. Bruselas ha reaccionado con cautela, y la negociación sigue abierta sin que haya acuerdo sobre el texto de salida ni sobre la frontera de Irlanda.
Qué propone el libro blanco
Para las mercancías, el Reino Unido propone una zona de libre comercio con la Unión y un conjunto común de normas, de modo que los productos podrían circular sin controles reglamentarios en las fronteras. Para las aduanas plantea un sistema llamado «acuerdo aduanero facilitado», por el que el Reino Unido cobraría los aranceles de la UE sobre los bienes destinados al mercado europeo y aplicaría los suyos a los que se queden en su territorio.
Para los servicios, la propuesta es menos ambiciosa: el acceso sería menor que el actual y se basaría en acuerdos de reconocimiento y equivalencia, en lugar del pasaporte europeo que hoy permite a una entidad autorizada en un país operar en toda la Unión. La libre circulación de personas terminaría y se sustituiría por un marco de movilidad más limitado, con condiciones distintas para trabajar, estudiar o residir.
Lo que sigue en el aire
Las incógnitas son tantas como las certezas. El acuerdo de retirada, que incluye el periodo transitorio hasta finales de 2020, los derechos de los ciudadanos y las obligaciones financieras, todavía no está cerrado, y la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte sigue sin solución. Mientras no exista un tratado firmado y ratificado, cualquier plan sobre el comercio futuro es una posición de partida y no una garantía.
Para las empresas españolas y catalanas, el Reino Unido es un mercado importante, tanto para exportaciones de bienes como para servicios, turismo e inversión. Cualquier fricción en aduanas, normas de origen o reconocimiento de cualificaciones se traduce en costes y plazos. También pueden cambiar el IVA y los trámites de importación y exportación con ese país, hoy inexistentes en el comercio intraeuropeo.
Qué conviene revisar
Las empresas que venden al Reino Unido, compran de allí o tienen filial pueden empezar por identificar qué flujos son críticos, qué contratos incluyen cláusulas de precio, moneda o jurisdicción sensibles al Brexit y qué agentes de aduanas o plataformas logísticas necesitarían contratar en un escenario sin acuerdo. Conviene también revisar la protección de datos personales, porque las transferencias a un país que deja de pertenecer a la Unión requieren un amparo legal específico.
Las familias con residencia o patrimonio en el Reino Unido, o con hijos que estudian allí, deberían seguir el estatus de los ciudadanos residentes, una de las primeras cuestiones en acordarse. En todos los casos es información general y no asesoramiento: la consulta con un profesional puede evitar decisiones precipitadas mientras la situación evoluciona.
El libro blanco es una oferta, no un acuerdo: hasta que se cierre, conviene planificar para varios escenarios.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
