- La filtración reúne unos 13,4 millones de documentos de un despacho y de proveedores de servicios societarios en jurisdicciones de baja tributación.
- Tener una estructura en el extranjero no es ilegal por sí mismo: lo relevante es su finalidad, su declaración y su sustancia económica.
- La transparencia avanza: el intercambio automático de información reduce el margen de la opacidad.
El 5 de noviembre de 2017 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que había recibido los datos, comenzaron a publicar los llamados Papeles del Paraíso: unos 13,4 millones de documentos confidenciales del despacho Appleby y de los proveedores de servicios societarios Estera y Asiaciti Trust, además de registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones. Los documentos mencionan a más de 120.000 personas y sociedades, y numerosos medios de todo el mundo participaron en el análisis.
Appleby sostuvo que no hay pruebas de ninguna irregularidad por su parte y que fue víctima de un acto delictivo, no de una filtración sin más. La publicación no implica que todo lo que aparece sea ilegal: la propia naturaleza del material, que describe estructuras societarias y operaciones, exige separar con cuidado lo legal de lo ilícito y lo jurídico de lo ético.
Legal no es lo mismo que legítimo
Una sociedad en un país de baja tributación, un fideicomiso o una cuenta en el extranjero pueden tener fines perfectamente legítimos: proteger activos en negocios internacionales, facilitar una inversión conjunta o ordenar una herencia con herederos en distintos países. Lo ilegal es ocultar rentas o patrimonio a la administración tributaria, simular operaciones o no declarar lo que debe declararse. Los países de baja o nula tributación son además un destino habitual de la actividad legítima de fondos de inversión, aseguradoras y navieras, por lo que no todo lo que pasa por ellos responde a una intención fiscal.
La frontera entre planificación fiscal y elusión abusiva, y entre esta y el fraude, es la que más debate suscita. Las administraciones y los tribunales examinan la finalidad económica real de cada estructura. Una operación sin otra razón que reducir impuestos puede ser cuestionada aunque se haya hecho con las formalidades correctas, y por eso importa que cada estructura tenga una explicación económica que pueda documentarse.
Más transparencia internacional
La filtración llega en un contexto de creciente cooperación entre autoridades. Desde 2017 varias decenas de jurisdicciones, entre ellas España, han empezado a intercambiar automáticamente información financiera: los bancos informan a su administración de las cuentas de no residentes y esta las comunica a la del país de residencia. En España, además, existe desde hace años la obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, mediante el modelo 720.
Esto significa que el margen para la opacidad se estrecha. Quien tiene cuentas o sociedades en el extranjero debe asumir que su administración fiscal puede tener, o conseguir, información sobre ellas, y que es preferible estar al día en las obligaciones declarativas antes de que se descubra una omisión. La transparencia no castiga la planificación legítima; castiga el incumplimiento.
Qué conviene revisar
Si usted o su familia tienen estructuras, sociedades, cuentas o inversiones en el extranjero, conviene revisar con su asesor su finalidad, su documentación y su declaración: quién es el titular real, dónde residen los beneficiarios, qué se ha declarado en el IRPF, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el modelo 720, y si la estructura tiene sustancia económica. Las empresas de grupos internacionales pueden revisar también su política de precios de transferencia.
Si detecta una omisión, regularizarla por iniciativa propia suele costar menos que esperar a que la detecte la Administración, aunque el resultado depende del caso concreto. Y en cuanto a la reputación: la exposición pública de nombres y estructuras muestra que la legalidad ya no es el único criterio con el que se juzga una decisión patrimonial; cuentan también la coherencia con la realidad económica y la transparencia. Consulte siempre con su asesor antes de cambiar o cerrar una estructura.
La mejor defensa del patrimonio familiar es tenerlo declarado, ordenado y con sentido económico.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
