Intel anunció el 22 de agosto de 2025 que el Gobierno estadounidense tomará el 9,9 % de su capital a cambio de 8.900 millones de dólares en ayudas. Un giro poco habitual en la política industrial de Estados Unidos.
Intel y la Administración de Donald Trump anunciaron el 22 de agosto de 2025 un acuerdo por el que el Gobierno de Estados Unidos se convierte en el mayor accionista del fabricante de chips. El Estado recibirá 433,3 millones de acciones ordinarias a 20,47 dólares cada una, alrededor del 9,9 % del capital, unos cuatro dólares por debajo de la cotización de ese día.
Qué se sabe
La compra se paga con 8.900 millones de dólares: 5.700 millones de las ayudas de la ley de chips (CHIPS Act) concedidas a Intel durante la presidencia de Joe Biden y que todavía no se habían desembolsado, y 3.200 millones de un programa de fabricación segura para defensa. A cambio de las ayudas, el Estado obtiene acciones en lugar de condiciones de inversión.
La participación es pasiva: el Gobierno no tendrá puesto en el consejo de administración y se compromete a votar con la dirección, salvo excepciones. Además, recibe una opción para comprar otro 5 % a 20 dólares por acción si Intel deja de controlar su negocio de fabricación para terceros.
Por qué importa
Es una intervención poco habitual en Estados Unidos, donde el Estado rara vez es accionista de grandes empresas fuera de los rescates. Llegó semanas después de que Trump pidiera la dimisión del consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, y la Casa Blanca dejó claro que podría repetir la fórmula en otros sectores estratégicos. Ya había entrado en julio en MP Materials, el gran productor estadounidense de tierras raras, y en los meses siguientes tomó participaciones en otras empresas de minerales críticos.
Intel, pionera de los microprocesadores, había perdido terreno frente a TSMC, Nvidia y AMD, y su negocio de fabricación para terceros acumulaba fuertes pérdidas. El acuerdo le da capital, pero también un accionista con objetivos políticos.
Qué conviene tener en cuenta
Para el inversor, la entrada del Estado puede dar estabilidad a una empresa estratégica, pero también introduce riesgos nuevos: decisiones que respondan a objetivos industriales o políticos más que a la rentabilidad, y la posibilidad de que otros gobiernos respondan con medidas parecidas. Consulte con su asesor cómo puede afectar a su cartera.
Cuando el Estado entra en el capital, el accionista ya no es solo un inversor.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
