El 13 de marzo el Parlamento Europeo aprobó la ley de inteligencia artificial, con obligaciones escalonadas entre 2025 y 2027. Qué implica para las empresas que usan IA.
El 13 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la ley de inteligencia artificial. Sus obligaciones entrarían en vigor de forma escalonada entre 2025 y 2027, de modo que las empresas tendrían un periodo para adaptarse. Era una regulación pionera por su alcance, y sus efectos se esperaban más allá de Europa, porque afectaría a cualquier compañía que ofrezca o utilice estos sistemas en el mercado europeo.
La inteligencia artificial ha dejado de ser un asunto de laboratorios para convertirse en una herramienta cotidiana: asistentes de redacción, sistemas de selección de personal, análisis de clientes, automatización de procesos. Cada una de esas aplicaciones plantea cuestiones distintas de seguridad, de transparencia y de protección de las personas, y la nueva norma intenta ordenarlas con un criterio común. Entenderlo con tiempo permite prepararse sin sobresaltos. No se trata de convertirse en experto, sino de saber qué preguntas hacer.
Un enfoque por riesgo
La ley gradúa las obligaciones según el riesgo que supone cada uso de la inteligencia artificial: cuanto mayor es el riesgo, más exigencias se imponen. Es un planteamiento razonable, porque no es lo mismo un sistema que recomienda una canción que otro que ayuda a decidir si una persona obtiene un crédito o un empleo. Los usos de riesgo alto requieren más controles, documentación y supervisión humana. La finalidad es proteger los derechos de las personas sin frenar innovaciones útiles.
Por eso su aplicación se escalonaría en el tiempo, con plazos distintos según el tipo de obligación. Este calendario gradual da margen a empresas y administraciones para adaptar sus procesos, pero también exige no dejar la preparación para el último momento. Quien espera a que se aproxime la fecha límite se arriesga a encontrarse con que los proveedores y los asesores están saturados, y a asumir costes mayores.
Qué cambia para las empresas
Cualquier empresa que use IA en Europa tendría que saber en qué categoría de riesgo entra cada uso. Eso afecta tanto a quien desarrolla estas herramientas como a quien las contrata o las integra en sus procesos de trabajo. No basta con comprar una solución: el usuario también tiene responsabilidades, por ejemplo en cuanto a la supervisión de los resultados y la información a las personas afectadas. Cuanto mayor sea el riesgo, más detallada deberá ser esa responsabilidad.
Para una pyme, la implicación práctica es que conviene saber qué herramientas se utilizan, aunque lleguen incorporadas en programas de uso habitual. A veces la inteligencia artificial está presente sin que se haya decidido de forma expresa: en un gestor de correo, en un programa de selección de currículos o en un sistema de atención al cliente. Conocer esos usos es el primer paso para evaluar si la norma les afecta.
Por dónde empezar
Un primer paso razonable es inventariar qué herramientas de IA se utilizan en la empresa, para qué y con qué datos, y revisar los contratos con los proveedores. Conviene preguntar a cada proveedor cómo piensa cumplir la norma, qué documentación facilitará y quién asume la responsabilidad si algo falla. Esas respuestas, por escrito, ayudan a ordenar las obligaciones de cada parte. Un contrato bien redactado evita discusiones cuando se piden cuentas.
Después se puede clasificar cada uso por nivel de riesgo, designar a una persona responsable y establecer reglas internas sencillas sobre qué se puede hacer con estas herramientas y qué datos no deben introducirse en ellas. Prepararse con tiempo es más barato que adaptarse con prisas, y suele mejorar de paso la calidad de los procesos. Un asesor jurídico puede ayudar a concretar los pasos según el sector de cada empresa. También conviene seguir las guías que publiquen las autoridades, que suelen aclarar dudas de aplicación.
Cumplir pronto cuesta menos que corregir tarde.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
