El 7 de junio de 2022 el Consejo y el Parlamento Europeo anunciaron un acuerdo provisional sobre la directiva de salarios mínimos adecuados. No fija un salario mínimo europeo, pero sí exige criterios, actualizaciones y planes de negociación colectiva.
Tras una negociación nocturna, el 7 de junio de 2022 el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo anunciaron un acuerdo provisional sobre la directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, que la Comisión había propuesto en octubre de 2020. Es un paso importante, pero todavía no es ley: el texto necesita la aprobación formal de ambas instituciones.
Qué exige el texto
Para los países que tienen un salario mínimo legal, la directiva establece un marco para fijarlo y actualizarlo. Deben existir criterios claros —poder adquisitivo y coste de la vida, nivel, distribución y crecimiento de los salarios, y productividad nacional—, valores de referencia indicativos para valorar si el salario mínimo es adecuado y una participación efectiva de los interlocutores sociales. Como ejemplos de esos valores, el texto cita el 60 % del salario mediano bruto y el 50 % del salario medio bruto.
Las actualizaciones deben ser regulares: como mínimo cada dos años o, en los países que usan un mecanismo de indexación automática, cada cuatro años como máximo. Los Estados tendrán además que recoger datos sobre la cobertura y la adecuación de los salarios mínimos, y los trabajadores deberán poder acudir a mecanismos de resolución de conflictos y obtener reparación.
La segunda parte del texto se refiere a la negociación colectiva. Si los convenios cubren a menos del 80 % de los trabajadores de un país, ese Estado deberá establecer un plan de acción para promoverla y aumentar su cobertura de forma progresiva. No se exige alcanzar el 80 %: se exige tener un plan cuando no se llega.
Qué no hace
La directiva no fija una cuantía común: no hay un salario mínimo europeo. Tampoco obliga a ningún Estado a introducir un salario mínimo legal. En algunos países de la Unión los salarios se establecen únicamente por convenio colectivo, y el texto respeta esa tradición, las competencias nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales. Según la Comisión, en todos los Estados miembros existe protección salarial mínima, ya sea mediante un salario mínimo legal, mediante convenios colectivos o mediante ambos sistemas.
Qué sigue y qué significa en España
El acuerdo debe ser aprobado formalmente por el Parlamento y por el Consejo. La directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y los Estados dispondrán de dos años para incorporar los nuevos elementos a su legislación.
España tiene salario mínimo legal: en 2022 es de 1.000 euros al mes (33,33 euros al día), un 3,63 % más que en 2021, según el real decreto del 22 de febrero. El Estatuto de los Trabajadores ya encarga al Gobierno fijarlo cada año, previa consulta con los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas, atendiendo, entre otros factores, al IPC y a la productividad media nacional. El acuerdo europeo no cambia hoy nada en las nóminas: si hay modificaciones, vendrán con la ley que traslade la directiva al derecho español.
Para una empresa con plantilla en varios países europeos, conviene seguir cómo se traspone la directiva en cada uno, porque cada Estado decidirá cómo aplica los criterios y los valores de referencia. En una empresa con trabajadores en España, lo práctico es comprobar cada año que ningún contrato ni tabla salarial de convenio queda por debajo del salario mínimo vigente. Consulte con su asesor laboral cómo afecta a su plantilla.
La directiva fija cómo se decide el salario mínimo, no cuánto debe ser.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
