El Senado francés aprobó el 11 de julio un impuesto sobre los servicios digitales y Estados Unidos abrió una investigación. Por qué es un asunto de empresa.
El 11 de julio de 2019 el Senado francés aprobó el impuesto sobre los servicios digitales, con un tipo del 3 % sobre los ingresos obtenidos en Francia por determinados servicios, como la publicidad en línea o la intermediación entre usuarios. Solo afecta a grupos con ingresos mundiales por esos servicios de al menos 750 millones de euros y 25 millones en Francia, y se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019. El debate no es exclusivamente francés: varios gobiernos europeos estudiaban medidas parecidas y seguían de cerca el desenlace.
El día anterior, el 10 de julio, la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos había abierto una investigación al amparo de la sección 301 de su ley comercial para determinar si el impuesto es discriminatorio o irrazonable. Una conclusión afirmativa permitiría imponer aranceles u otras medidas contra bienes y servicios procedentes de Francia, o acudir a la Organización Mundial del Comercio.
Qué se grava y por qué
Los impuestos tradicionales sobre sociedades gravan el beneficio allí donde la empresa tiene presencia física. Las grandes plataformas digitales pueden tener millones de usuarios en un país y, sin embargo, apenas oficinas o empleados. Francia sostiene que el valor se crea con los datos y la atención de los usuarios locales, y que eso debe tributar donde están. Por eso grava el ingreso bruto y no el beneficio.
Los críticos señalan varios problemas. Un impuesto sobre ingresos puede repercutirse en los clientes, por ejemplo en los anunciantes. Además puede dar lugar a doble imposición con el impuesto sobre sociedades, y se aplica a un grupo reducido de empresas, mayoritariamente estadounidenses, lo que explica la reacción de Washington. Otra crítica es de principio: gravar ingresos y no beneficios rompe con la lógica habitual de los impuestos sobre la renta, y por eso muchos expertos ven estas tasas como una solución provisional.
La salida multilateral
La idea de una tasa nacional nació de la falta de acuerdo internacional. Los países de la OCDE y del G20 trabajan en una solución común, con el objetivo de alcanzarla en 2020, y Francia ha dicho que retiraría la suya si se llega a un consenso. España había aprobado en enero un anteproyecto de impuesto parecido, que decayó al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones.
El riesgo para las empresas es la fragmentación: reglas distintas en cada país, plazos y obligaciones de declaración diferentes, y posibles represalias comerciales que acaben afectando a exportadores sin relación con el sector digital. Mientras no haya un acuerdo, una empresa puede encontrarse con obligaciones distintas en cada jurisdicción en que opera, con costes de cumplimiento y de asesoramiento que conviene presupuestar.
Qué conviene revisar
Una empresa con ventas o publicidad en plataformas digitales debe estar atenta a cómo se trasladan estos costes en contratos y tarifas. Revisar si los acuerdos con plataformas permiten repercutir nuevos impuestos y a quién corresponde asumirlos evita sorpresas.
Las compañías que operan en varios países deberían además seguir el calendario de los trabajos de la OCDE y de las normativas nacionales, porque una decisión sobre dónde tributa un servicio puede alterar el resultado de un grupo. Consulte con su asesor fiscal antes de modificar precios o estructuras. Los umbrales de la tasa francesa dejan fuera a la inmensa mayoría de las empresas, pero sus efectos de arrastre sobre precios y contratos pueden llegar a proveedores y anunciantes de todos los tamaños.
La fiscalidad digital se decidirá entre gobiernos, pero sus costes ya se negocian en los contratos.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
