- El techo de gasto nacional de 2025 será de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más que el de 2024.
- El objetivo de déficit del conjunto de las administraciones baja al 2,5 % en 2025 y al 1,8 % en 2027.
- No es un presupuesto ni crea impuestos, pero condiciona las cuentas de 2025 y el reparto con comunidades y ayuntamientos.
El 16 de julio de 2024 el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que fija los objetivos de estabilidad para 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del Estado para el año siguiente. Ese límite, sin contar los fondos europeos, será de 195.353 millones de euros: 6.138 millones más que en 2024. Con los fondos europeos incluidos, el total llega a 199.171 millones, una cifra que refleja que el Plan de Recuperación entra en una fase en la que pesan más los préstamos que las transferencias directas.
El acuerdo, el primero tras el fin de la cláusula de salvaguarda de las reglas fiscales europeas, endurece la senda de déficit. El conjunto de las administraciones deberá cerrar 2025 en el 2,5 % del PIB (frente al 2,7 % previsto antes), 2026 en el 2,1 % y 2027 en el 1,8 %. Ahora corresponde al Congreso pronunciarse sobre esos objetivos, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
Cómo se reparte el esfuerzo
La Administración central asume el mayor recorte: un déficit del 2,2 % en 2025, el 1,8 % en 2026 y el 1,5 % en 2027. Las comunidades autónomas tendrán un objetivo del –0,1 % del PIB los tres años, en lugar del superávit del 0,1 % previsto para 2025 y 2026, y los ayuntamientos, equilibrio presupuestario en vez de superávit. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2 %.
Para las comunidades, entre ellas Cataluña, y para las entidades locales, un objetivo menos exigente significa algo más de margen de gasto. A ello se suman las entregas a cuenta de 2025 acordadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día anterior: 147.412 millones para las comunidades, un 9,5 % más, y 26.893 millones para las entidades locales, un 13,1 % más. Cada punto de PIB equivale a una cifra muy elevada, de modo que incluso unas décimas de diferencia en el objetivo se traducen en miles de millones de euros de margen.
Deuda y regla de gasto
El acuerdo incluye también una senda de deuda pública: el 103,6 % del PIB en 2025, el 101,8 % en 2026 y el 99,7 % en 2027, es decir, por debajo del 100 % al final del periodo. La regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto computable al de la economía, se fija en el 3,2 %, el 3,3 % y el 3,4 % respectivamente.
Estas cifras importan porque son el marco con el que se construye el presupuesto y con el que Bruselas evaluará a España, que debe enviar su plan fiscal de medio plazo a partir de septiembre. Un déficit menor reduce la necesidad de emitir deuda, lo que puede influir con el tiempo en los tipos de interés y en el coste de financiación de empresas y familias, aunque ese efecto es indirecto y depende de muchos otros factores.
Qué conviene vigilar
Un techo de gasto no es un presupuesto: no dice en qué se gastará ni cómo se financiará. Los ingresos, y por tanto la fiscalidad, se concretarán en el proyecto de Presupuestos Generales, que habrá que seguir. Mientras tanto, conviene distinguir entre lo que el Gobierno ha aprobado, que son objetivos y un límite, y lo que todavía depende del Congreso.
Para una empresa, las ayudas, las licitaciones, los fondos europeos y las transferencias a las comunidades suelen concretarse en esos presupuestos; para una familia, las pensiones y otras prestaciones. Revisar con su asesor los calendarios de ayudas y los plazos de contratación pública que le afecten permite anticipar decisiones sin depender de rumores. También es útil seguir la tramitación parlamentaria, porque una senda rechazada o modificada puede retrasar el calendario presupuestario.
El límite de gasto fija el marco; los presupuestos dirán el detalle.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
