- Las negociaciones de salida alcanzaron un acuerdo de principio sobre derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y la liquidación financiera.
- El informe no fija cifras y mantiene que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
- La segunda fase tratará el periodo transitorio y la relación futura, con efectos directos para empresas y familias.
El 8 de diciembre de 2017 los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno británico publicaron un informe conjunto sobre los avances de la primera fase de las negociaciones de salida del Reino Unido, abiertas tras la notificación del 29 de marzo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, calificó el resultado de avance decisivo. El informe recoge acuerdos de principio sobre los derechos de los ciudadanos, un marco para las circunstancias particulares de Irlanda del Norte y la liquidación financiera. La primera fase se centró en esos tres asuntos concretos, antes de entrar en lo comercial.
El informe no menciona cifras para la liquidación financiera y deja para una fase posterior dos asuntos: el derecho de los ciudadanos británicos residentes en un país de la UE a trasladarse a otro Estado miembro o a volver al Reino Unido, y el reconocimiento de cualificaciones profesionales más allá de las ya reconocidas. Las partes subrayan que nada está acordado hasta que todo esté acordado, de modo que lo pactado puede revisarse si fracasa el conjunto.
Qué se ha acordado
En derechos de los ciudadanos, las partes acordaron en principio proteger los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y de los británicos en la UE, con una nota técnica conjunta que detalla el consenso. En cuanto a Irlanda del Norte, se acordó un marco para sus circunstancias singulares, cuya concreción dependerá de las negociaciones posteriores y de cómo quede la relación futura.
También se acordó en principio la liquidación financiera, es decir, cómo se saldarán los compromisos asumidos por el Reino Unido como Estado miembro, sin que el informe estableciera una cifra. El resultado habilita pasar a la siguiente fase, pero ya se advierte de que lo acordado debe traducirse a texto jurídico, un paso en el que suelen aparecer los desacuerdos de detalle.
Los próximos pasos
El Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre debe valorar si el progreso es suficiente para pasar a la segunda fase, que cubrirá el periodo transitorio y el marco de la futura relación. El calendario es exigente: la salida está prevista, dos años después de la notificación, para el 29 de marzo de 2019, de modo que queda poco tiempo para pactar todo lo demás. Si el Consejo Europeo lo confirma, se abrirán las conversaciones sobre el periodo transitorio y sobre la relación comercial futura.
Para las empresas, la segunda fase es la más importante: qué ocurrirá con el comercio de bienes y servicios, las aduanas, la libre circulación de personas, los pasaportes financieros, el reconocimiento de cualificaciones y las normas de origen. Mientras no haya un acuerdo y un periodo transitorio claros, persiste la incertidumbre sobre las reglas que se aplicarán a partir de marzo de 2019.
Qué conviene revisar
Las empresas con operaciones, clientes, proveedores o empleados en el Reino Unido pueden empezar por un mapa de exposición: qué parte de sus ventas y de sus costes depende de ese mercado, qué contratos se rigen por derecho británico o contienen referencias a la pertenencia a la UE, y qué licencias, autorizaciones o certificaciones podrían verse afectadas por un cambio de estatus.
Las familias con propiedades, residencia o intereses en el Reino Unido, o con familiares allí, deberían prestar atención al estatuto de residencia que resulte del acuerdo y a los trámites para asegurarlo. Y quienes tengan inversiones o ingresos en libras deben recordar que la divisa reacciona a las noticias de la negociación. Es prudente planificar para varios escenarios y no depender de uno solo.
El acuerdo de la primera fase abre la puerta, pero lo importante para empresas y familias se negocia ahora.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.


