Un tribunal federal declaró ilegales buena parte de los aranceles impuestos con poderes de emergencia, y otro suspendió el fallo. Qué conviene conservar.
El 28 de mayo de 2025, un tribunal federal de comercio internacional de Estados Unidos declaró ilegales buena parte de los aranceles impuestos con poderes de emergencia. La resolución abría un frente nuevo en la guerra comercial: el de los tribunales. Hasta entonces, el debate se había librado entre gobiernos y mercados; a partir de ese momento, los jueces entraban en escena. Para quien dirige una empresa, el cambio de escenario es relevante: una cuestión que parecía decidida por la vía política pasaba a depender también de un proceso judicial, con sus propios plazos y recursos.
Al día siguiente, un tribunal de apelación suspendió el fallo mientras se resolvía el recurso, de modo que los aranceles siguieron aplicándose. El episodio mostró que la cuestión jurídica era seria y que su resolución sería larga. Para las empresas, no cambiaba lo que pagaban ese día, pero sí abría la posibilidad de que parte de lo pagado pudiera reclamarse en el futuro. Nadie sabía todavía si eso ocurriría ni en qué condiciones, pero la mera posibilidad aconsejaba cierto orden.
Qué decidió el tribunal
Para el tribunal, los gravámenes fijados con esos poderes eran ilegales, al menos en buena parte. La cuestión de fondo es jurídica: hasta dónde puede un presidente fijar gravámenes por decisión propia, sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario. Es una cuestión que los tribunales estadounidenses tendrán que clarificar, y sus decisiones pueden cambiar el marco en el que operan los importadores.
En un sistema de división de poderes, la facultad de imponer impuestos suele corresponder al poder legislativo, aunque la ley puede delegar ciertas competencias en el Ejecutivo. Lo que los tribunales examinan es si esa delegación existe, cuál es su alcance y si se ha respetado. Es un debate técnico, pero con consecuencias económicas muy amplias para quienes comercian con Estados Unidos. Quien conozca la separación entre el poder que legisla y el que ejecuta entenderá por qué una decisión así puede ser revisada por un tribunal.
Un fallo suspendido
La suspensión del fallo significaba que los aranceles seguían aplicándose por el momento, pero su validez quedaba en entredicho, y cualquier decisión final tardaría en llegar y podría seguir recorriendo instancias superiores.
Una suspensión es, en esencia, una pausa para evitar efectos irreversibles mientras se estudia el caso. No prejuzga el resultado, y sería imprudente interpretarla como una victoria o una derrota de ninguna de las partes. Lo único cierto era que la situación seguiría abierta durante un tiempo y que cualquier previsión debía incluir esa incertidumbre. Las empresas que planifican sus precios y sus compras con un único supuesto sobre los aranceles se exponen más que las que prevén varios.
Qué conviene hacer como importador
La validez de los aranceles quedaba en manos de los tribunales. Para los importadores, conservar la documentación de lo pagado podía ser relevante si llegaban devoluciones: facturas, declaraciones de aduana y comprobantes de pago.
Un asesor en comercio exterior puede indicar qué plazos y requisitos aplican en cada caso, y si es posible reservar derechos mientras se resuelve el litigio. Tampoco conviene hacer previsiones basadas en posibles devoluciones, porque su existencia y su cuantía son inciertas. Mantener los papeles en orden es una medida de bajo coste que puede resultar muy valiosa si el escenario cambia. Conviene además informar al equipo financiero de que existe esa posibilidad, para que registre y clasifique la información desde ahora.
Cuando una norma depende de los tribunales, conviene tener los papeles en orden por si cambia.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
