Desde el 1 de enero de 2024 las pensiones contributivas suben un 3,8 % y las mínimas, un 6,9 %. Qué fija el decreto aprobado el 27 de diciembre, cuánto cuesta y qué supone para el contribuyente.
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2023 el Real Decreto-ley 8/2023, publicado en el BOE al día siguiente, que fija la revalorización de las pensiones para 2024. Las pensiones suben desde el 1 de enero y el decreto, que regula la subida hasta que se aprueben unos presupuestos para 2024, debía ser convalidado por el Congreso en su pleno del miércoles 10 de enero. El decreto reúne además otras medidas: por ejemplo, prorroga hasta el 30 de junio de 2024 la prohibición de despedir alegando un aumento de los costes energéticos o el conflicto de Ucrania.
Qué sube y cuánto
Las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas suben un 3,8 %, el promedio del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. No es una decisión discrecional: desde 2021 la ley vincula la subida a la inflación, y es el tercer año que se aplica, tras el 2,5 % de 2022 y el 8,5 % de 2023. Compuestas, las tres subidas suponen un aumento acumulado de en torno al 15 % en tres años.
Las pensiones mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital suben un 6,9 %, y las pensiones de viudedad con cargas familiares, un 14,1 %. La pensión no contributiva de jubilación e invalidez queda en 7.250,60 euros al año. La pensión máxima pasa a ser de 3.175,04 euros al mes, 44.450,56 euros al año. El Gobierno calcula que la medida alcanza a casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones. El complemento por brecha de género sube a 33,20 euros al mes. Las pensiones del SOVI quedan en 7.399 euros al año, o en 7.182 si concurren con una pensión de viudedad.
Cuánto cuesta y quién lo paga
Según Funcas, la subida del 3,8 % añade unos 6.500 millones de euros al gasto anual en pensiones, que esta entidad estimaba en 170.800 millones en 2023 y en unos 180.000 millones en 2024. Es una estimación: el coste final depende también del número de nuevos pensionistas y de la cuantía de sus pensiones. La nómina mensual de pensiones contributivas ordinarias fue de 12.120,8 millones de euros en diciembre de 2023, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la pensión media de jubilación, de 1.378 euros al mes.
El gasto se financia con las cotizaciones sociales y, en lo que no cubren, con transferencias del Estado. Para las empresas y los trabajadores, el decreto fija en el 0,70 % la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2024: el 0,58 % a cargo de la empresa y el 0,12 % a cargo del trabajador.
Qué supone para el contribuyente
Las pensiones públicas tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo, de modo que una pensión revalorizada eleva la renta sujeta a impuesto y a retención. La obligación de declarar depende, por regla general, de que los rendimientos del trabajo superen los 22.000 euros anuales. El límite baja a 15.000 euros cuando hay más de un pagador y el segundo y los siguientes suman más de 1.500 euros al año. A estos efectos, la pensión de la Seguridad Social y la de Clases Pasivas se consideran de dos pagadores. Son los límites de la declaración de 2023 que se presenta en 2024.
En las familias con patrimonio, la pensión pública suele sumarse a otras rentas: alquileres, intereses, dividendos o planes de pensiones. Conviene sumarlas todas al revisar la declaración y las retenciones, y comprobar si el aumento cambia el tramo de tributación o el derecho a alguna deducción. Consulte con su asesor fiscal cómo le afecta.
Una pensión que sube con el IPC es también un gasto público que crece con él.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
