Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno tras casi cuatro meses de interinidad. Qué preguntas quedan abiertas para empresas y familias y cómo prepararse.
El 16 de noviembre de 2023 Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con el apoyo de varios grupos, tras los acuerdos alcanzados en las semanas anteriores. Se ponía fin a casi cuatro meses de interinidad desde las elecciones, y el país volvía a contar con un Ejecutivo con plena capacidad de actuación.
Para la actividad económica, el cierre de la incertidumbre era una buena noticia en sí mismo. Un Gobierno plenamente operativo puede aprobar presupuestos, impulsar leyes y tomar decisiones que los Gobiernos en funciones tienen vedadas. Pero también abría una etapa de preguntas sobre qué medidas se mantendrían, cuáles cambiarían y con qué calendario. La investidura se produjo tras un periodo de negociaciones intensas en el que se fueron concretando los apoyos parlamentarios, y marcaba el punto de partida de una legislatura en la que la gestión de esos apoyos sería un factor relevante.
El desenlace
El desenlace llegó con el respaldo de varios grupos y tras semanas de acuerdos previos. Lo relevante para la economía fue el fin de casi cuatro meses de interinidad, un tiempo en el que muchas decisiones habían quedado a la espera.
Una investidura marca el inicio de la legislatura en sentido práctico. A partir de ese momento se forma el Gobierno, se definen sus prioridades y se establece el calendario legislativo. Los primeros meses suelen ser decisivos para conocer qué proyectos avanzarán y con qué apoyos parlamentarios cuentan, algo especialmente relevante en un escenario de mayorías ajustadas. Tras la investidura, el presidente propone a los ministros y se forma el Gobierno, que a partir de ese momento puede aprobar decretos, presentar proyectos de ley y elaborar los presupuestos, cosa que no podía hacer mientras estaba en funciones.
Las preguntas pendientes
Con Gobierno nuevo llegaba la pregunta clave para empresas y familias: qué pasaría con los impuestos temporales, las ayudas y las reformas pendientes en 2024. Cuando la normativa depende de decisiones aún por tomar, es difícil presupuestar con exactitud, y las empresas tienden a retrasar las inversiones que dependen de ellas.
Esa demora tiene un coste, porque las decisiones aplazadas retrasan proyectos, contrataciones y compras. Pero decidir sin saber también tiene sus riesgos. El equilibrio está en separar lo que se puede decidir ya, porque no depende de cambios normativos, de lo que conviene esperar, y en fijar un plazo razonable para reconsiderarlo. Las empresas que habían aplazado decisiones por la incertidumbre se encontraban ante la necesidad de reevaluarlas, y a menudo descubrían que algunas ya no podían esperar más o que el contexto había cambiado respecto al de unos meses antes. Entre los asuntos que atraen el interés de empresas y familias suelen estar los incentivos fiscales, las ayudas a sectores concretos, las normas laborales y las inversiones públicas, aunque cada legislatura tiene sus propias prioridades.
Cómo prepararse
Lo prudente es seguir de cerca los anuncios del nuevo Ejecutivo y las normas que efectivamente se publiquen, sin anticiparse a rumores. Los borradores y las declaraciones de intenciones pueden cambiar antes de convertirse en ley, y actuar sobre ellos puede obligar a deshacer lo hecho.
Conviene revisar con el asesor fiscal y laboral qué medidas temporales podrían expirar, cómo afectaría a cada empresa o familia un cambio de criterio y qué decisiones es mejor tomar antes o después de que se aclare el panorama. Con las reglas claras, planificar vuelve a ser más sencillo, y hasta entonces la clave es mantener flexibilidad. Un buen hábito es contar con un calendario de las normas relevantes para cada actividad y de las fechas en que se prevé que entren en vigor, y revisarlo con el asesor cada trimestre para decidir si hace falta ajustar algún plan. Y conviene evitar tanto el optimismo excesivo como el pesimismo anticipado: lo prudente es esperar a que las medidas se publiquen, analizar su efecto concreto en el negocio y actuar con la información completa.
La claridad normativa no elimina la incertidumbre, pero permite decidir con mejor información.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
