La cumbre del clima COP27 terminó el 20 de noviembre con el acuerdo de crear un fondo para compensar a los países más vulnerables al cambio climático.
La cumbre del clima COP27, celebrada en Sharm el-Sheij, terminó el 20 de noviembre de 2022 con el acuerdo de crear un fondo para compensar las pérdidas y daños sufridos por los países más vulnerables al cambio climático. Era un asunto muy debatido desde hacía años, y el acuerdo se consideró un paso importante en la negociación internacional, aunque los detalles de su funcionamiento quedaban por concretar. Los acuerdos de este tipo son fruto de largas negociaciones, y su aplicación real suele ser más lenta que su anuncio.
Una cumbre del clima puede parecer lejana a la actividad de una empresa o de una familia, pero sus acuerdos influyen en la regulación, en la financiación y en las expectativas de clientes e inversores. Entender hacia dónde se mueve el marco internacional ayuda a anticipar cambios que, tarde o temprano, acaban llegando a las empresas en forma de requisitos de información, de normas sobre emisiones o de condiciones de financiación. La existencia del fondo no cambia directamente la situación de la mayoría de empresas, pero indica el rumbo de la agenda internacional.
Qué son las pérdidas y daños
Se llaman así los efectos del cambio climático que ya no se pueden evitar con medidas de prevención, como los fenómenos extremos o la subida del nivel del mar, y que afectan sobre todo a los países con menos recursos para afrontarlos. El fondo acordado buscaba que quienes más sufren esos efectos recibieran una compensación.
El debate de fondo es quién debe financiar esa compensación y con qué criterios. Los países que más han contribuido históricamente a las emisiones suelen ser también los que más recursos tienen, y las negociaciones giran en torno a esa responsabilidad compartida pero diferenciada. El acuerdo creaba el instrumento, pero la forma de dotarlo y de repartirlo seguía siendo una cuestión abierta.
De los compromisos a la regulación
Los compromisos climáticos acaban traduciéndose en regulación, en requisitos de información para las empresas y en condiciones de financiación. Lo que hoy es una declaración política puede convertirse mañana en obligaciones concretas sobre emisiones, informes de sostenibilidad o criterios que aplican bancos y aseguradoras.
Este proceso es gradual pero constante. Muchas empresas ya reciben peticiones de sus clientes o de sus financiadores para que informen sobre su huella de carbono y sus riesgos climáticos, sin que haya una norma específica que lo exija. Con el tiempo, estas prácticas tienden a formalizarse. Quien las incorpora antes lo hace con más margen y a menor coste que quien se ve obligado a hacerlo con urgencia. Las empresas que ya publican información sobre sostenibilidad suelen encontrar más fácil responder a nuevas peticiones, porque cuentan con procesos y datos que han ido construyendo.
Anticiparse a la norma
Conviene anticiparse antes de que sean obligatorios. Medir las emisiones propias, entender qué datos pedirán clientes y financiadores y revisar los riesgos climáticos de la cadena de suministro son pasos que se pueden dar con tiempo, sin esperar a que haya sanciones o a que un cliente grande lo exija.
Un primer paso sencillo es hacer un inventario de las fuentes principales de emisiones y de los riesgos físicos que podrían afectar al negocio, como el calor extremo, la sequía o las inundaciones. A partir de ahí se puede decidir qué medidas tienen más sentido y en qué orden. Contar con un asesor con experiencia en sostenibilidad ayuda a priorizar y a evitar inversiones poco efectivas. No se trata de adoptar todas las prácticas a la vez, sino de avanzar de forma proporcionada al tamaño y al sector, y de documentar lo que se hace.
Prepararse para una norma que aún no existe cuesta mucho menos que adaptarse a ella con prisa.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
