Empresas · España

El Estado se aplica un plan de ahorro energético

Por Pearson Specterlunes, 30 de mayo de 20224 min de lectura

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de mayo, y el BOE publicó el 26, un plan de ahorro energético para la Administración del Estado que refuerza el teletrabajo.

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de mayo de 2022 un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal, que el BOE publicó el 26 de mayo mediante la Orden PCM/466/2022. Es uno de los compromisos del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado por el Gobierno el 29 de marzo.

El objetivo es racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas y establecer formas de organizar el trabajo que ahorren energía sin afectar a la atención a los ciudadanos. El Gobierno presenta el plan como un ejercicio de ejemplaridad, con la idea de que otras administraciones y entidades privadas se sumen. Para las empresas, es un catálogo de medidas posibles y una muestra de cómo se plantea el trabajo a distancia en este contexto. Así, el Estado se aplica a sí mismo medidas parecidas a las que se recomiendan a hogares y empresas.

Medidas en los edificios

El plan prevé establecer y racionalizar los horarios de encendido y apagado de la climatización, la iluminación y los equipos ofimáticos, y revisar la potencia eléctrica contratada en los inmuebles. También busca mantener un nivel óptimo de ocupación de los edificios, controlar las condiciones de temperatura en los locales climatizados y optimizar el alumbrado exterior de edificios, monumentos, parques y viales.

Otras medidas son impulsar la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios públicos, incluir en los expedientes de contratación cláusulas que valoren el ahorro energético y hacer un seguimiento del uso de consumibles como el papel, los plásticos y otros materiales de oficina. El control del consumo se hará a través de un sistema informático de gestión energética de edificios en el que deberán estar dados de alta todos los inmuebles.

Teletrabajo y movilidad

En el plano organizativo, cada ministerio o entidad aprobará un plan de trabajo con los puestos susceptibles de trabajo a distancia. Con carácter general, quienes tengan reconocido un puesto a distancia podrán teletrabajar tres días a la semana y acudir dos de forma presencial, y por razones organizativas motivadas se podrán autorizar dos días. La implantación será voluntaria y el porcentaje mínimo de presencialidad no podrá ser inferior al 40 % de la jornada semanal.

El plan incluye además medidas para promover el transporte colectivo de los empleados públicos y el uso de la bicicleta, con aparcamientos para estos vehículos en los edificios, y cursos gratuitos de uso eficiente de la energía en la oficina y en el coche. Un grupo de trabajo entre los ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda y Función Pública coordinará el plan y analizará una posible prórroga.

Qué conviene revisar

El plan se dirige a la Administración del Estado, no a las empresas, pero ofrece una guía útil. Una auditoría energética sencilla permite identificar horarios de climatización y de iluminación innecesarios, comprobar si la potencia contratada se ajusta al consumo real y valorar si el autoconsumo fotovoltaico compensa. En muchos casos, las medidas organizativas son las más rápidas de aplicar y las que menos inversión exigen.

Si se plantea reforzar el teletrabajo con fines de ahorro, conviene recordar que en el sector privado el trabajo a distancia es voluntario y requiere un acuerdo por escrito conforme a la ley que lo regula, con atención a los gastos, a la prevención de riesgos y al registro de la jornada. Su asesor laboral puede ayudarle a diseñar la política y a comunicarla a la plantilla y a sus representantes.

El ahorro de energía empieza por decidir cuándo, cómo y dónde se trabaja, antes que por la inversión en equipos.

Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.

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