El Consejo de la UE acordó el 3 de marzo y adoptó el 4 la protección temporal para los desplazados de Ucrania, que incluye residir y trabajar en el país de acogida.
El 3 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea acordó activar por primera vez la protección temporal prevista en la Directiva 2001/55/CE, y el 4 de marzo adoptó formalmente la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382, que constata la afluencia masiva de personas desplazadas desde Ucrania a raíz de la invasión rusa. La decisión entró en vigor el mismo día de su adopción y se aplica en los Estados miembros, con las particularidades de los que tienen cláusulas de exclusión.
Cubre a los ucranianos que residían en Ucrania y a sus familiares, desplazados desde el 24 de febrero, y a los nacionales de terceros países que allí tenían estatuto de refugiado o una protección equivalente. Cada Estado debe desarrollarla con su propio procedimiento; en España, el Gobierno todavía tiene que concretar cómo se solicitará y se reconocerá. Para empresas y familias, es el marco que determinará cómo pueden acoger, emplear o ayudar a quienes llegan.
Qué es la protección temporal
La Directiva 2001/55/CE se aprobó tras las guerras de los Balcanes para responder a llegadas masivas de personas que huyen de un conflicto. Evita que los sistemas de asilo se colapsen examinando solicitud por solicitud: se reconoce un estatuto colectivo e inmediato a un grupo definido. La activación exige una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, y hasta ahora nunca se había utilizado.
La protección dura inicialmente un año y puede prorrogarse hasta un máximo de tres. No sustituye el derecho de asilo: quien lo desee puede solicitarlo, y la protección temporal se extingue cuando el Consejo decida que la situación en el país de origen permite el regreso. Es, por tanto, una figura transitoria que da seguridad mientras no se sepa cuánto durará la crisis. La protección temporal es distinta de una solicitud de asilo: tiene un procedimiento propio, más rápido y con menos requisitos individuales.
Qué derechos reconoce
Los beneficiarios tienen derecho a un permiso de residencia y a trabajar por cuenta ajena o propia, a acceder a prestaciones del sistema de acogida, como la atención sanitaria, y a estudiar. Los menores tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los nacionales del país de acogida. La entrada en la UE por razones humanitarias se permite incluso sin visado ni documento de viaje válido.
En España, según los análisis jurídicos publicados, la concesión de la protección temporal incluirá la autorización de residencia y de trabajo, de modo que no será necesario tramitar un permiso laboral distinto. Esto simplifica mucho la posible incorporación al mercado laboral, aunque el reconocimiento de títulos, el idioma y el acceso a algunas profesiones reguladas seguirán siendo obstáculos prácticos.
Qué conviene tener en cuenta
Las empresas que quieran contratar a personas desplazadas deberían esperar a que el Gobierno publique el procedimiento y a que los interesados dispongan del documento oficial que acredite su situación. Una vez reconocida la protección, la relación laboral se rige por las mismas normas que cualquier otra: contrato por escrito, alta en la Seguridad Social, salario conforme al convenio y prevención de riesgos laborales.
Las familias y entidades que ofrecen alojamiento o ayuda deben informarse de los cauces oficiales para evitar problemas y, sobre todo, desconfiar de intermediarios que pidan dinero por gestionar trámites. Su asesor puede ayudarle a revisar los aspectos laborales, fiscales y de seguridad social antes de formalizar una contratación. Conviene también seguir las normas que se publiquen en los próximos días. Si desea ofrecer empleo, asegúrese de que el puesto cumple las condiciones laborales aplicables y de que el contrato se formaliza por escrito desde el primer día.
Detrás de cada trámite hay personas que huyen de una guerra, y la rapidez con que se concrete el procedimiento marcará su día a día.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
