El 5 de diciembre una huelga general contra el plan de Macron paralizó el transporte en Francia. Qué se discute y qué lecciones deja para quien planifica su jubilación.
El 5 de diciembre de 2019, Francia vivió una de las huelgas más amplias de los últimos años. Los sindicatos convocaron un paro indefinido contra el plan del presidente Emmanuel Macron de reformar el sistema de pensiones. La compañía ferroviaria SNCF anunció que solo funcionaría uno de cada diez trenes de cercanías y de alta velocidad, se cancelaron nueve de cada diez TGV, once de las dieciséis líneas del metro de París quedaron cerradas y alrededor del 20 % de los vuelos se anuló.
El plan del Gobierno pretende sustituir los más de cuarenta regímenes de pensiones existentes, con reglas distintas para cada colectivo, por un sistema único por puntos, en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos. Los sindicatos temen que el cambio rebaje las pensiones o retrase la edad efectiva de jubilación, y la movilización se compara ya con la de 1995, que paralizó el país durante unas tres semanas. El Gobierno francés había anunciado que daría a conocer los detalles de la reforma en los días siguientes, de modo que el pulso con los sindicatos prometía prolongarse.
Qué es un sistema por puntos
En un sistema por puntos, cada trabajador acumula puntos durante su vida laboral según lo que cotiza, y a la jubilación se convierten en una pensión según el valor del punto en ese momento. Se presenta como un sistema más sencillo y equitativo, porque elimina diferencias entre colectivos. Su dificultad está en definir quién fija el valor del punto, y cómo se protege el poder adquisitivo de la pensión cuando la población envejece.
Francia tiene regímenes especiales históricos, como los de trabajadores del ferrocarril o del transporte urbano, con condiciones más favorables. Al eliminarlos, el cambio afecta a derechos que sus beneficiarios consideran adquiridos. Esto explica la intensidad de la protesta: no es solo una discusión técnica, sino una cuestión de equidad entre generaciones y profesiones.
El espejo de España
España tiene un sistema público de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados, y ha afrontado sus propios ajustes. La reforma de 2013 introdujo la subida gradual de la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2027, un factor de sostenibilidad y un índice de revalorización, aunque estos dos últimos mecanismos han sido suspendidos o sustituidos desde entonces.
El debate sobre cómo garantizar pensiones suficientes con una población que envejece es común a toda Europa, y en España el Pacto de Toledo sigue buscando consensos. Para las familias, la consecuencia práctica es que la pensión pública es la base de los ingresos en la jubilación, pero su nivel futuro depende de decisiones políticas que no pueden darse por cerradas. En países con sistemas de reparto, la evolución demográfica obliga a revisar periódicamente los parámetros, y casi siempre genera tensión entre generaciones.
La pensión pública es una base, pero su futuro se decide en las urnas y en los parlamentos.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
