El PSOE gana sin mayoría para gobernar en solitario y se abre un largo periodo de negociaciones.
El 28 de abril de 2019 el PSOE ganó las elecciones generales, pero sin la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Empezaba así un largo periodo de negociaciones entre los partidos para determinar quién formaría Gobierno y con qué apoyos. Ganar las elecciones, en el sistema parlamentario español, es condición necesaria para liderar la formación del Gobierno, pero no es suficiente para garantizarla. Conviene recordar que el resultado de unas elecciones se traduce en un Gobierno solo después de un proceso parlamentario que puede durar semanas o meses.
El resultado abría un escenario conocido en la política española de los últimos años: la fragmentación parlamentaria exige pactos, y los pactos exigen tiempo. Para las familias y las empresas, la pregunta no es tanto quién gobernará como cuándo se aclarará el marco en el que deben planificar sus decisiones. Hasta entonces, conviene saber qué se mantiene estable y qué queda a la espera. La atención de los medios suele centrarse en los nombres y en las alianzas, pero lo que más interesa a la economía es cuándo habrá un marco estable para decidir.
Ganar no es gobernar
En el sistema parlamentario español, el presidente del Gobierno debe contar con el apoyo de la mayoría del Congreso. Cuando el partido más votado no la alcanza, necesita pactos con otras formaciones, y esas negociaciones pueden ser largas y de resultado incierto. Cada partido valora sus propios intereses, sus programas y sus límites antes de comprometerse.
Eso significa que el resultado de las urnas no determina por sí solo la composición final del Gobierno. Las alianzas posibles dependen de los números de cada formación y de la voluntad política de entenderse. Mientras no se concrete una mayoría, el escenario sigue abierto y es prudente no dar por hecho ningún resultado, ni tampoco las medidas que cada programa propone. Los pactos, además, suelen requerir cesiones en los programas, de modo que lo que finalmente se aplique puede diferir de lo que se anunció durante la campaña.
Qué implica para el día a día
Mientras no hay un Gobierno con apoyos estables, resulta difícil aprobar leyes nuevas, presupuestos o reformas. Para las familias y las empresas, eso suele traducirse en que las reglas fiscales y laborales se mantienen, pero también en que decisiones pendientes quedan en suspenso, desde ayudas hasta proyectos normativos que estaban en tramitación. Esta situación no impide que la economía funcione, pero sí que se tomen decisiones de calado que requieren una ley o una partida presupuestaria nueva.
La actividad económica no se detiene por completo, pero sí se vuelve más cautelosa. Algunas empresas posponen inversiones a la espera de saber qué rumbo tomará la política económica, y algunas familias retrasan decisiones patrimoniales importantes. Esa cautela es comprensible, pero no debería convertirse en parálisis, especialmente cuando existen decisiones sólidas que pueden tomarse con las normas de hoy.
Planificar sin esperar
Es habitual aplazar decisiones a la espera de saber qué pasará, pero la planificación patrimonial y empresarial no debería depender del calendario político. Con las normas vigentes se pueden tomar decisiones sólidas, y conviene reservar un margen de adaptación por si más adelante hay cambios. Las decisiones bien pensadas resisten distintos escenarios.
Un asesor puede ayudar a separar lo que puede decidirse ya de lo que tiene sentido esperar, y a comprobar que el plan no depende de una medida concreta que quizá nunca se apruebe. Revisar la estructura patrimonial, la financiación y los contratos con calma es siempre útil, gobierne quien gobierne, y deja a la familia o a la empresa mejor preparada para lo que venga. También ayuda recordar que ningún escenario político elimina por completo la necesidad de ahorrar, de ordenar la deuda y de mantener un margen de seguridad.
Conviene decidir con las reglas de hoy y dejar espacio para las de mañana.
Este artículo es información general. No es asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, y no tiene en cuenta las circunstancias particulares de nadie.
